Un juzgado condena por intrusismo a la ex presidenta del Consejo General de Protésicos Dentales de España

María Eugenia Campoo ha sido condenada a la pena de seis meses de multa a razón de 10 euros diarios, lo que suponen 1.800 euros, tras la querella interpuesta por el Colegio de Dentistas de Tenerife. La sentencia afirma, teniendo en cuenta que el único profesional que puede prescribir y adaptar una determinada prótesis dental es el médico estomatólogo u odontólogo, que "la encausada ha suplantado" esta función y, por ello, su actuación "se halla penada por el artículo 403 del Código Penal".

La jueza considera probado que la acusada "tomó personalmente las medidas de la boca" de un paciente para fabricar una prótesis, y posteriormente "le adaptó" ella misma la prótesis "sin supervisión alguna de odontólogo o médico estomatólogo", lo que constituye el citado delito por el que ha sido condenada.

La sentencia alude a la Ley 10/86 de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, donde se especifica que "la actuación del protésico ha de ser en todo caso conforme a las indicaciones y prescripciones de los médicos estomatólogos u odontólogos" a quienes en exclusiva corresponde, entre otras funciones, la prescripción y adaptación de prótesis.

La condenada puede apelar esta sentencia en el plazo de 10 días a partir del siguiente desde su notificación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Consejo General de Dentistas de España es "muy grave" ya que "quien comete este tipo de delitos en el sector odontológico está poniendo en serio riesgo la salud de los pacientes". En este caso concreto, considera "especialmente grave y condenable" el hecho de que la encausada haya ocupado cargos de máxima responsabilidad en el sector de los protésicos dentales, "puesto que la condenada debe conocer a la perfección más que nadie cuáles son sus atribuciones y competencias como protésico dental".

Por este motivo, solicita un cambio normativo que traiga consigo el endurecimiento de las penas por delitos de Intrusismo Profesional, para que "sean disuasorias y no se ponga en peligro la salud de los pacientes".