El Constitucional admite los recursos de Andalucía y Asturias contra algunos artículos del decreto sanitario

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), se admite el recursos del Gobierno andaluz contra los artículos 1.1 y 1.2; 4.1 y 4.4, y 10.4 y 10.5; y el asturiano contra el artículo 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, aprobado por el Gobierno central el pasado mes de abril.

El pasado mes de junio la Junta de Andalucía acordaba autorizar la interposición del recurso al entender, según señalaba la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que la norma estatal invade o lesiona dos artículos de la Carta Magna y cuatro del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.

A su juicio, el Real Decreto dictado por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy "es inconstitucional tanto en el fondo como en la forma", toda vez que no garantiza "el derecho a la protección de todos reconocido en la Carta Magna", con lo que "se pasa de ser ciudadanos titulares del derecho a la salud a ser asegurados y beneficiarios de un servicio".

Asimismo señalaba que con este decreto el Gobierno central "penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos", al "vulnerar" y "no garantizar" el derecho a la protección de la salud de sectores como los inmigrantes y la población pensionista.

En concreto, afirmaba que el artículo 1 de la norma estatal cambia el concepto de ciudadanos con derecho a la salud por el de asegurados o beneficiarios, "atentando así contra uno de los principios básicos de la Carta Magna", recogido en su artículo 43.

Por su parte, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias decidía el pasado mes de julio recurrir al estimar que el Gobierno de España ha podido incurrir "en un exceso de bases" al invadir las competencias autonómicas en materia de autoorganización de la comunidad autónoma.

La decisión de acudir al Tribunal Constitucional se sustenta en la creencia por parte del Gobierno de Asturias de que las comunidades autónomas son parte esencial del Estado y, por tanto, velar por los ámbitos de actuación de cada una de las administraciones atesora un principio de convicción democrática y de respeto a la Constitución Española.

"El Ejecutivo asturiano nunca censurará al Gobierno español la toma de decisiones políticas en su ámbito de actuación, es su obligación", precisó en su momento Guillermo Martínez, consejero de Presidencia, "pero también es su obligación que se respete el territorio competencial del resto de las administraciones públicas. En esto se cimenta el Estado de las Autonomías".