Cs pide el martes castigo penal en accidentes mortales por imprudencia leve y delitos de omisión de socorro

La iniciativa de la formación naranja, recogida por Europa Press, recoge las reclamaciones que las asociaciones de víctimas de accidentes, y colectivos como ciclistas y peatones, vienen reclamando al Ministerio de Justicia. Las críticas van destinadas hacia la reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015, por la que se determinó castigar con pena leve todos aquellos delitos considerados también leves.

De este modo, si un usuario de la carretera comete una imprudencia de carácter leve no será castigado por la vía penal aunque las consecuencias de su comportamiento supongan la muerte de otro usuario. Además, Ciudadanos quiere castigo penal también para los siniestros cuyas víctimas terminen con "lesiones graves que requieran tratamiento médico y quirúrgico".

El deber de omisión de socorro, también ha generado críticas. Con el Código Penal actual, si no se socorre a un fallecido en carretera no supone delito porque la víctima, al estar muerta, no requería ayuda.

Por ello, la formación quiere que esta medida esté regulada de forma específica para accidentes de tráfico y asegurar "que el tipo del delito se cumpla cuando el conductor abandone el lugar del accidente sin atender a las víctimas, con independencia de cuál fuera el estado físico en el que quedasen éstas".

UN PLAN ESPECÍFICO PARA CICLISTAS

La propuesta también incluye la petición de implantar un plan específico de medidas para reducir la accidentalidad de los ciclistas. Así, se llama a identificar en toda la red de carreteras los tramos de concentración de víctimas ciclistas y aquellos de concentración de accidentes causados por el consumo de drogas y alcohol.

La formación naranja sugiere que se intensifiquen los controles con agentes en los tramos detectados en los que haya un mayor número de accidentes con víctimas ciclistas, especialmente en los horarios en que éstos se produzcan. Además, pide divulgar toda esta información a las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos para que implementen las correspondientes medidas de prevención respectivas a sus competencias.