Debaten en Colombia sobre la responsabilidad rebelde tras 25 años de la toma del Palacio de Justicia

En el centro de la polémica está la amnistía que recibieron en 1991 los sobrevivientes de ese grupo rebelde, surgido en 1974 tras un supuesto fraude electoral y disuelto en 1991 en virtud de un acuerdo de paz con el Gobierno.

"Es una discusión que tiene hondas connotaciones de carácter jurídico, constitucional, principalmente, y además eso es político", afirmó el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, en una entrevista con la radio bogotana RCN.

Mendoza aludió a unas declaraciones previas en las que el procurador general, Alejandro Ordóñez, puso en duda la legalidad de la amnistía otorgada por ley a los antiguos guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) que firmaron la paz.

Las puertas de la investigación a los ahora ex guerrilleros fueron abiertas a mediados del pasado septiembre por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que en el Palacio de Justicia se cometieron crímenes de lesa humanidad.

La toma de la edificación judicial, situada en el centro histórico de Bogotá, comenzó poco antes del mediodía local del 6 de noviembre de 1985 y fue seguida de una operación militar de retoma "a sangre y fuego" que prolongó la crisis hasta el día siguiente.

Los hechos terminaron 28 horas después con el edificio destruido por las llamas y las armas pesadas de las fuerzas de seguridad.

Allí perdieron la vida 43 civiles, 11 de ellos magistrados, lo mismo que 11 uniformados y 33 rebeldes, mientras que once trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia desaparecieron junto a una guerrillera.

"Si hay responsables, donde sean, debe castigarse esa responsabilidad", dijo el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Arrubla, a la cadena Caracol Radio.

Arrubla lo reiteró dos días después del acto conmemorativo formal de la tragedia, realizado por iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Presidencia de la República.

Allí, en presencia del mandatario Juan Manuel Santos, esa agencia de la ONU encendió una llama eterna en memoria de los muertos y desaparecidos.

Uno de los ex rebeldes del M-19 más prominentes, el ex candidato presidencial y ex senador Gustavo Petro, ha sostenido que el asalto guerrillero en sí no fue un delito de lesa humanidad, sino los hechos que "se desarrollaron alrededor de la toma".

"Me gusta que haya un proceso de investigación integral sobre el Palacio de Justicia, que es lo que desde hace dos meses ya existe", declaró Petro, que concurrió a los recientes comicios presidenciales por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

"Pero, indudablemente, desde el punto de vista político, significa que ya se rompió el proceso de paz con el M-19", señaló Petro, que por la época del asalto estaba preso.

Mendoza subrayó que "no es un asunto de opinión".

"Es un asunto muy complejo, de connotaciones jurídicas y políticas que nosotros no podemos ni siquiera evaluar, mucho menos pensar en iniciar o reiniciar una actuación sobre la base de lo que en este momento pudieran estar diciendo las personas involucradas", aclaró.

Además de funcionarios como el procurador, los involucrados son los familiares de los muertos, incluidos los de miembros de las fuerzas de seguridad, y de los desaparecidos, caso en el que se produjo la primera condena en este cuarto de siglo.

Es la del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas, comandante de una escuela militar de caballería que lideró la retoma, sentenciado a mediados de año a 30 años de prisión.