El Defensor del Pueblo Andaluz expresa su "frustración" por no ejecutarse la solución que medió para la Corrala Utopía

A preguntas de los periodistas en Huelva sobre esta cuestión, Maeztu ha señalado que siempre medió para que se produjera un desalojo voluntario, negoció con la entidad bancaria para que ésta se encargara del pago de unas viviendas durante "unos siete meses" hasta que se produjera por parte de las administraciones competentes la adjudicación de viviendas a quien cumpliese los requisitos pertinentes.

En este sentido, ha recordado que "lo que le preocupaba es que hubiese un desalojo violento porque había niños, mayores, enfermos", así que abogaba por "propiciar un desalojo voluntario, un realojo temporal y las familias que necesiten viviendas, con los requisitos legales correspondientes, que se le adjudicara una vivienda posteriormente". "Eso lo hice con la entidad bancaria y ellos pagaban siete meses ese realojo", ha añadido Maeztu.

"Siempre insistí por ahí porque era una solución fácil de desalojo voluntario y después del mismo, la administración, con los requisitos legales, procedería o no a la adjudicación de vivienda a quien tuviera o no derecho" debido a que "hay un registro de demandantes", ha aseverado.

"Esa fue la actuación del Defensor", ha agregado, antes de aclarar que "no tiene informes como se ha dicho, salvo los de los servicios sociales que acreditaban la necesidad de vivienda ante la entidad bancaria".

En esta misma línea, ha destacado que "nunca" indicó la fórmula concreta para la adjudicación de viviendas al "no ser gestor" de esa competencia, pero ha hecho hincapié en la importancia de que las administraciones "se sienten y negocien" sobre esta situación.

Así, ha subrayado la necesidad de "distinguir el realojo temporal de la gente que esté en la calle y con niños de la adjudicación de vivienda", procedimiento que es posterior.

"Lamenté y sigo sin comprender por qué a tres o cuatro días de cuando se produce el desalojo y ya estaban estudiadas las viviendas para el realojo temporal y después de unos siete meses se efectuara la adjudicación", se produjo otra situación, "ahí fue mi frustración", ha explicado, incidiendo que en que "propició una solución que era buena y la otra la tienen que resolver las administraciones competentes".