El Defensor del Pueblo cuestiona el uso de Archidona como CIE pero reconoce que sus instalaciones son mejores

"Surge la duda sobre la idoneidad de su empleo para este fin, siquiera con carácter temporal, dado que las mismas (las instalaciones) habían sido ya designadas como centro penitenciario", señala el informe anual correspondiente al año 2017, recogido por Europa Press y que ha sido entregado este lunes al Congreso.

Sobre este centro penitenciario --en el que falleció un interno mientras funcionaba como un CIE--, afirma que "las condiciones estructurales" no plantea problemas para su utilización como centro provisional de internamiento de extranjeros. Las instalaciones de Málaga II ya no se encuentran en funcionamiento como centro de internamiento provisional y, desde el Defensor del Pueblo ven "relevante" que no haya iniciado su actividad penitenciaria.

Pero desde la institución apuntan que "no consta" la existencia de orden o resolución del Ministerio del Interior "que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento CIE y habilite de forma provisional las referidas instalaciones para el uso que ahora tienen. "Con independencia de que las condiciones estructurales del centro visitado no planteen problemas para su utilización como centro provisional de internamiento de extranjeros, lo cierto es que las carencias detectadas no permiten considerar que los servicios sean 'similares a los de los centros' (de internamiento) gozando los internos de los mismos derechos y garantías", subraya.

Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha solicitado información complementaria a la Dirección General de la Policía acerca de las previsiones de uso de estas instalaciones, así como sobre la resolución administrativa habilitante de su uso temporal para el internamiento de extranjeros.

"CARENCIAS" EN LA ASISTENCIA EN LOS CIE

En el documento de 2017, el Defensor del Pueblo denuncia las "carencias" que, a su juicio, existen en la "asistencia social, jurídica y cultural" en CIE, después de que personal de la institución haya visitado varios. Durante el pasado año, la institución realizó visitas a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona, Madrid, Murcia, Algeciras y su anexo de Tarifa (Cádiz), Santa Cruzde Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

En su informe, recuerda que el Defensor del Pueblo es partidario de establecer en estos centros "unas directrices comunes para la gestión de la asistencia social, jurídica y cultural", coordinada desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, "sin perjuicio de la competencia atribuida reglamentariamente a las plantillas policiales" donde se encuentran los centros.

La institución avisa de que hasta la fecha no se ha observado "la unidad de criterio que sería deseable" y lamenta las "grandes diferencias de funcionamiento y organización" que, según asegura, existe actualmente entre los distintos CIE.

Entre otras recomendaciones, aconseja dotar "de manera urgente" a "todos" los CIE "de mobiliario suficiente en la zona de ocio" y recomienda que la dotación de este material esté acompañada de la correspondiente partida presupuestaria para su mantenimiento y reposición.

Asimismo apuesta por "revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural" de estos centros "a la vista de las significativas carencias detectadas" por el Defensor del Pueblo. En esta línea, se muestra partidario de "elaborar a la mayor brevedad en cada centro" los proyectos de actuación que "han de ser elaborados por trabajadores sociales".

"DIFICULTADES EN LA CONVIVENCIA" EN LOS CETI DE CEUTA Y MELILLA

Por otro lado, solicita medidas preventivas contra la violencia sexual y por motivos de género para su implantación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. En ese centro y en el de Ceuta, según la institución, se han constatado "dificultades en la convivencia de personas extranjeras de distintas edades y procedencias".

Respecto al traslado a la península de residentes en estos centros, el Defensor del Pueblo aboga por "dar prioridad a las personas que estén en situación de vulnerabilidad y a los solicitantes de asilo". En esta línea, reitera "que la situación de estos centros no permite que puedan ser considerados como recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo". De este modo, vuelve a llamar la atención "sobre la falta de asistencia especializada al colectivo de solicitantes de asilo y, particularmente, a personas que presentan una especial vulnerabilidad".

Por último, la institución liderada por Francisco Fernández Marugán también ve necesario "establecer un mecanismo de derivación sanitario entre los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) y los centros de internamiento de extranjeros (CIE).