El Defensor del Pueblo insta a Hacienda a estudiar una deducción fiscal que compense el gasto asociado a la celiaquía

Esta nueva petición, que se ha incorporado tras el estudio de la situación de estos enfermos a otras 21 recomendaciones quese han formulado a un total de 59 organismos, en función de sus respectivas competencias, se produjo tras el rechazo de dicho organismo a estudiar la viabilidad de la introducción de una deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), con aplicación para el conjunto del Estado o bien un incremento del mínimo personal y familiar por las necesidades económicas asociadas a la enfermedad celíaca y otras enfermedades crónicas.

Al respecto, el Informe anual del Defensor del Pueblo 2017, presentado este lunes el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en el Congreso y Senado, recuerda que el gasto en el que incurren las familias en las que alguno de sus miembros tiene celiaquía no está compensado en la actual configuración de impuesto con el mínimo personal y familiar.

Por otra parte, la ley no adecua bien la carga tributaria a las circunstancias personales y familiares del contribuyente al no adaptar en estos casos el mínimo personal y familiar a las especiales necesidades de los contribuyentes, pues la renta disponible no es la misma que la de aquellos otros que no tienen que soportar un sobrecoste para tratar la enfermedad.

El Defensor del Pueblo ha de reiterar que sería conveniente incrementar el mínimo personal y familiar de las personas con enfermedad celíaca, tal y como la Ley 26/2014 ha hecho respecto a las personas mayores de 65 y 75 años, sus ascendientes y descendientes que convivan con ellos y los anteriores que además sean personas con discapacidad.

Alternativamente, cabría contemplar una deducción en la cuota diferencial del impuesto, como existe en caso de maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad.

OTRAS RECOMENDACIONES

La institución recuerda que se trata de un problema que afecta a muchas personas y familias, alterando sus hábitos de vida, que no dispone de un remedio médico directo o una terapia farmacológica para hacerle frente.

Así, recomienda a Sanidad actualizar el documento estratégico de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca en el Sistema Nacional de Salud (SNS), del año 2008; que se impulsen más proyectos de investigación sobre la celiaquía y otros trastornos asociados, así como sobre las alternativas de tratamiento que puedan ir desarrollándose, el informe elaborado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) señala que, en su ámbito competencial y en el marco del Plan de apoyo para las personas con alergias alimentarias, se transmitirá la necesidad de fomentar dichas líneas de investigación, con relación a las líneas de producción de alimentos y consumo.

Por otro lado, las consejerías y departamentos autonómicos competentes en materia de asistencia sanitaria han expresado, con carácter general, su conformidad con las recomendaciones formuladas, aunque las respuestas son muy variadas.

Así, algunas comunidades autónomas ponen de manifiesto la innecesaria adopción de un protocolo actualizado para la detección y atención a la enfermedad celíaca, al disponer todos sus profesionales sanitarios de los conocimientos y la formación adecuada en esta concreta materia.

Por el contrario, otras comunidades exponen la adopción de protocolos más recientes que incorporan las novedades científicas constatadas en los últimos años, así como el fomento de sesiones de información, muchas veces en colaboración con las asociaciones de afectados.

En cuanto a la coordinación práctica entre los niveles asistenciales de atención, varias contestaciones se remiten a la utilización de los sistemas de información integrados en los respectivos servicios de salud. En cuanto al posible incremento de la presencia de profesionales dietistas o nutricionistas, especialmente en el ámbito de la atención primaria, las consejerías que han respondido a esta cuestión ponen de relieve las dificultades de financiación y de organización de esta eventual dotación de nuevos recursos.

A las consejerías autonómicas con competencia en política social se dirigió la recomendación de que se implantara, en coordinación con las consejerías sanitarias, una respuesta prestacional para los pacientes con enfermedades crónicas, como la enfermedad celíaca, en compensación por los gastos económicos adicionales que deben afrontar. "De acuerdo con las respuestas recibidas, no existe la previsión de establecer medidas de compensación económica para este colectivo", se lamenta.

La otra recomendación a las consejerías de política social estaba encaminada a una mayor supervisión de los menús que se ofrecen en centros residenciales y de atención social, especialmente, los destinados a menores y a mayores dependientes. Las consejerías han manifestado, en general, su aceptación, mediante la inclusión de los objetivos en los nuevos planes de inspección y la incorporación a las actas de inspección.

En el ámbito educativo, la mayoría de las administraciones autonómicas han informado sobre el desarrollo de las enseñanzas relacionadas, indicándose que se ha comunicado a los centros la conveniencia de incidir en los contenidos relativos a la manipulación de este tipo de sustancias.

Finalmente, es importante recordar el contenido de la moción aprobada por el Pleno del Senado, con el voto favorable de todos los senadores, en su sesión de 24 de mayo de 2017, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar la situación de las personas con enfermedad celíaca. En este sentido, señala que "resulta positivo comprobar la coincidencia de varios de sus puntos con las recomendaciones formuladas en el estudio presentado por esta institución".