Defensor del Pueblo andaluz exige limitar declaraciones de menores víctimas de abuso sexual para no "revivir su trauma"

El Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía, José Chamizo de la Rubia, ha exigido a las Administraciones públicas que limiten las declaraciones y las pruebas periciales a las que los menores víctimas de abuso sexual tienen que someterse a la hora de denunciar estos hechos para evitar así que "revivan una y otra vez su experiencia traumática durante un dilatado periodo de tiempo", fenómenos que ocurre en la actualidad y que provoca lo que se ha venido en denominar "re-victimización".

"Pedimos medidas como limitar las pruebas periciales a las estrictamente necesarias, la prohibición del contacto del menor con el agresor, la toma de declaración de la víctima en sitios especialmente habilitados para tal fin y en los que se pueda grabar para usar esta declaración posteriormente y, por supuesto, la agilización de las causas", ha demandado este jueves el defensor durante una comparecencia parlamentaria en la que ha presentado a los miembros de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social de la Cámara andaluza el Informe de 2010 de la Defensoría del Menor.

Según Chamizo, el abuso sexual en menores es "una de las realidades más desconocidas dentro del complejo mundo del maltrato" y, por tanto, el que presenta "más dificultades" a la hora de "desvelarlo y combatirlo". En 2010, se denunciaron en Andalucía un total de 563 casos de supuestos abusos sexuales, de los cuales, solo 263 fueron finalmente confirmados. Una de las causas de que sea tan difícil corroborar estos casos es que una gran parte de ellos se produce "en el entorno familiar", lo que provoca la conocida como "ley del silencio" de los miembros consentidores por miedo a amenazas o represalias del miembro actor del abuso.

Pero también influye, tal y como ha expuesto el defensor, el hecho de que las personas que más pronto pueden detectar posibles abusos no estén preparadas y formadas para ello. "A las ya innatas dificultades para la detección del abuso sexual, se une la escasa formación que poseen los profesionales de la educación, que son los que más contacto directo tienen con el niño y con la familia y, por tanto, los que tienen más posibilidades de detectarlo", ha explicado.

En esta línea, ha dicho que "de nada sirve que existan instrumentos legales para actuar contra el abuso si los primeros actores llamados a actuar desconocen el contenido de estas medidas o no han sido formados para detectarlo". Ante ello, Chamizo ha reclamado una "verdadera formación específica" para estos profesionales, así como el establecimiento de "medidas eficaces y eficientes de coordinación entre las administraciones públicas" y que conecten, al mismo tiempo, a la escuela con el centro de salud, a éste con las Asociaciones de Padres y Madres y a todos ellos con los Juzgados.

"En esta materia es más necesario si cabe potenciar la cooperación para que los recursos de las distintas administraciones puedan activarse en el momento en que son requeridos sin disfunciones y sin un continuo trasiego de expedientes", ha insistido. Del mismo modo, ha recalcado la "necesidad de potenciar el trabajo de protección" en la lucha contra los abusos sexuales y ha pedido "a los poderes públicos andaluces que destinen recursos a los programas de prevención de abusos sexual en jóvenes".

SE AGUDIZA LA POBREZA INFANTIL

Junto con los abusos sexuales a menores, el otro gran tema "relevante" del Informe de 2010 del Defensor del Menor, según ha destacado el propio Chamizo, es la pobreza infantil. Así, ha expuesto que en 2010 "la actual crisis económica ha desplegado sus efectos más devastadores en las clases más desfavorecidas de la sociedad" y, en especial, en los más pequeños, que han "visto mermados sus derechos más fundamentales".

Muestra de ello es que "son muchas" las peticiones de ayuda que han llegado a la Defensoría del Menor de Andalucía y, sin embargo, "escasos los recursos a repartir", ha lamentado Chamizo. Por ello, se ha sumado a las peticiones realizadas por UNICEF en el último año y ha instado a las Administraciones públicas a "invertir más en la infancia". "Se trata de dar prioridad al más débil, de invertir en el futuro y de justicia social", ha resumido el defensor no sin reconocer el "esfuerzo desplegado por la Junta de Andalucía en la atención de los menores". Con todo, ha advertido de que "todavía quedan muchas y diversas medidas por abordar".

ACUERDOS POR Y PARA LA INFANCIA

En su intervención, Chamizo también ha repasado los principales acuerdos por y para la infancia que se firmaron el pasado año 2010 en Andalucía. Así, ha destacado el marco de colaboración establecido entre la Defensoría y UNICEF para que todos los partidos políticos suscribieran el Pacto Andaluz por la Infancia, destinado a "priorizar la infancia en tiempos de crisis allí donde gobiernen situándola en su agenda política" y que vio la luz en octubre de 2010.

También se firmó un Pacto con la Agencia Española de Protección de Datos para elaborar "una guía para informar a padres de los riesgos del uso indiscriminado de las nuevas tecnologías" entre los menores. En cuanto a las actividades dirigidas a la promoción de los derechos de los más pequeños, Chamizo ha valorado la celebración de la tercera edición de los Premios del Defensor, en el que han tenido oportunidad de participar todos los centros educativos andaluces de Primaria y de Secundaria.

EL PP-A CULPA A LA JUNTA DE LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA

Durante el turno de debate, el portavoz del PP-A Francisco Armijo Higueras agradeció al defensor su labor y aprovechó la ocasión para culpar al Gobierno andaluz y a sus "malas políticas económicas" de los actuales problemas que sufren las familias andaluzas y sus hijos por la crisis.

Además, Armijo señaló que en el informe del Defensor del Menor se detalla que "un 35 por ciento de los colegios no podía atender todas las solicitudes de ingreso por falta de espacio, o por falta de recursos, de material o por la negativa de la Administración de la Junta de Andalucía por aumentar el concierto". De otro lado, el 'popular' ha indicado que "es necesario incidir en la apuesta por la protección de los menores" frente a Internet, algo en lo que ha coincidido con Chamizo porque, según ha comentado el defensor, las nuevas tecnologías son ya una realidad "sin marcha atrás, que siempre irá a más" y que requerirá además "de un nivel de formación-información mayor de los padres".

Por su parte, la portavoz del PSOE-A Ana María Tudela Cánovas ha criticado al PP-A por aprovechar la comisión para arremeter contra las políticas de la Junta de Andalucía y le ha pedido que transmita a su partido la necesidad de contar con una institución como el Defensor. "Anime, allí donde gobiernan, a que esta institución no desaparezca", le ha recomendado a Armijo.