El Defensor del Pueblo valenciano recuerda que alertó "en numerosas ocasiones" de la situación de los centros de menores

El Síndic se ha referido así a la denuncia por el cierre de centros, traslado de menores tutelados y posibles situaciones de maltrato, entre otras. En ese sentido, ha mostrado su "gran inquietud" y ha anunciado que "supervisará, como se viene haciendo en el ejercicio de sus funciones, la atención que reciben los menores que se han visto afectados directa o indirectamente por las actuaciones de la Administración".

La Sindicatura ha considerado, por ello, "positivo" que los servicios de inspección sean capaces de detectar "anomalías" en los recursos de atención a menores.

Sin embargo, el defensor del pueblo valenciano ha puesto de manifiesto que desde la institución "ya se ha advertido en numerosas ocasiones a los distintos gobiernos de la Generalitat sobre las anomalías y deficiencias que afectan al actual sistema de protección a la infancia y ha propuesto reiteradamente medidas para la subsanación de las mismas".

Y alerta de que, sobre los hechos denunciados, el Síndic se pronunció en julio de 2015 sobre el "deficiente sistema de supervisión e inspección" de los centros de protección de menores. En su resolución, el Síndic denunciaba "el incumplimiento sistemático de la obligación legal de la Administración de realizar el seguimiento y supervisión con una periodicidad de seis meses en el caso de los centros de acogida de menores y de tres cuando se trata de centros que atienden a menores con problemas de conducta".

Por ello, ya recomendaba a la actual Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "el aumento de dotación de personal de los servicios de inspección así como el establecimiento de una metodología que asegurara el efectivo cumplimiento de esta obligación legal".

La Consejería aceptó en septiembre de 2015 la recomendación del Síndic y se comprometió a dotar con más personal las unidades administrativas dedicadas a la atención del menor, así como a realizar mejoras organizativas y procedimentales que aseguraran el cumplimiento de la misma.

Asimismo, durante una de las últimas visitas cursadas por el defensor del pueblo valenciano a los diferentes centros de protección de menores de la Comunidad Valenciana, "esta institución detectó importantes deficiencias en las instalaciones y la seguridad del Centro Els Estels (Alicante), que la propia Administración reconoció en su informe".

Por eso, en cumplimiento con la recomendación que dictó el Síndic en septiembre de 2016, la Conselleria se comprometió a realizar una reforma integral del edificio, "sin que hasta la fecha el defensor del pueblo valenciano tenga constancia de la ejecución de la misma".

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Asimismo, Cholbi ha compartido con Consejería "la obligación legal" de potenciar el acogimiento familiar y evitar el residencial en menores de cero a seis años y "muy especialmente en los menores de tres".

"Tras detectar en noviembre de 2016 que 83 menores de estas edades se encontraban internados en centros de protección (39 de ellos menores de 3 años) y que en la mayoría de los casos se superaba el periodo máximo legal de estancia, el Síndic recomendó una actuación inmediata y decidida de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para dar cumplimiento a la obligación legal de no acordar el acogimiento residencia para menores de cero a seis años", ha precisado.

Por último, el Síndic ha recordado que "viene exigiendo hace años la necesidad imperiosa de revisar el actual sistema de protección a la infancia y de adecuarlo a las necesidades de los menores dentro del actual marco legislativo estatal. Igualmente considera oportuno destacar la implicación y la profesionalidad de la gran mayoría de los trabajadores que pese a los déficits del sistema son capaces de atender adecuadamente las necesidades de los menores acogidos".

En estos momentos, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana tiene abiertas quejas sobre la atención a los menores tutelados que residen en los recursos de Emaús (2 quejas); la atención a menores afectados por los traslados de Buñol; y una actualización de la queja sobre la atención a menores extranjeros no acompañados en la Comunidad Valenciana.