Defensora del Pueblo abre investigación sobre 97 de 100 denuncias presentadas por CERMI "por ausencia de accesibilidad"

En su escrito, la Defensora del Pueblo asegura que en el documento elaborado por el CERMI reúne reclamaciones que afectan a áreas de actuación y competencias de distintas administraciones públicas por lo que, "con el fin de dar un seguimiento más detallado de cada uno de los asuntos planteados", la institución ha acordado dar un "tratamiento individual a las denuncias".

Asimismo, la Defensora del Pueblo informará al CERMI sobre la tramitación de cada uno de los expedientes abiertos respecto a las 97 denuncias susceptibles de investigación. Además, en su escrito, agradece el trabajo realizado por el CERMI y las aportaciones de los ciudadanos afectados, que "resultan de gran utilidad".

El informe '100 denuncias 100' recoge un catálogo de un centenar de denuncias referentes a la accesibilidad universal planteadas por usuarios en primera persona en los diversos ámbitos de su vida cotidiana. A raíz del estudio, el CERMI ya anunció su intención de presentar una denuncia global ante la Fiscalía General del Estado, la Defensora del Pueblo, el Consejo Nacional de la Discapacidad y las Comisiones para las Políticas Integrales de la Discapacidad y de Peticiones del Congreso de los Diputados.

En enero de 2014, el CERMI inició una campaña para identificar los 100 atentados "más graves o significativos" contra la accesibilidad universal que se producen en España con el fin de confeccionar un catálogo de situaciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad cuyo objetivo era ser objeto de una denuncia global.

Por este motivo, del 1 al 31 de marzo de 2014, el CERMI pasó un cuestionario y una ficha de recogida de datos a todo el tejido asociativo de la discapacidad en el que solicitaba que se indicaran las situaciones de ausencia de accesibilidad más lesivas para los derechos de las personas con discapacidad en todo tipo de entornos, procesos, productos, bienes y servicios.

Durante el desarrollo del estudio se recopilaron más de 400 denuncias y se elaboró una lista de violaciones por motivos de accesibilidad, divididas por comunidades autónomas en todos los ámbitos: transporte, comunicación, tecnologías de la información y la comunicación y medios y canales digitales, bienes, productos y servicios a disposición del público, relaciones de la ciudadanía con las administraciones públicas y actividades de ocio, entre otros.