La Defensora del Pueblo pide protocolos de detección y atención a menores víctimas de trata ante la falta de datos

La Defensora del Pueblo recomienda la creación de un protocolo nacional de detección y atención a menores víctimas de trata ante "la carencia de datos" existente respecto al número de afectados, según se desprende del informe de la institución 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles'.

En este punto, el informe --que refleja "una realidad dura y dramática", según ha explicado en la presentación del mismo la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril-- señala que la ausencia de protocolos de actuación implica la falta de detección temprana de menores de edad víctimas de trata, lo que sitúa a este colectivo "en situación de riesgo" mientras que la ausencia de un registro policial donde se anoten estos datos "agrava la situación".

El texto también hace alusión a "las deficiencias" detectadas en el seguimiento de los hijos de las víctimas de trata nacidos en España y califica de "insuficiente" su inscripción registral. Además, denuncia la falta de protocolos de actuación comunes para detectar menores víctimas de trata entre las entidades autonómicas de protección de menores por lo que aboga por crear mecanismos de coordinación y seguimiento entre las fiscalías provinciales y las entidades autonómicas de protección de menores.

La Defensora del Pueblo recuerda que la definición jurídica de la trata de niños es distinta de la trata de adultos ya que requiere un acto realizado con el propósito de someter a los menores a explotación y no es necesario demostrar ningún medio, como el engaño, la coacción o el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, la institución que preside Soledad Becerril apunta que, ante la llegada de menores, se debe dar traslado al Ministerio Fiscal y registrar la llegada del menor en una base de datos independiente. Además, hay que comprobar los vínculos de filiación con los adultos con los que viajan.

ANDALUCÍA, COMUNIDAD VALENCIANA Y GALICIA, A LA CABEZA

Por otro lado, con el objeto de conocer el número de menores víctimas de trata que se encuentran tutelados por las distintas entidades de protección en las comunidades y ciudades autónomas, el Defensor del Pueblo inició en 2011 una investigación con cada uno de los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Entre otras conclusiones, la investigación reveló que Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia son las tres comunidades que cuentan con mayor número de menores víctimas de trata bajo su protección. Por el contrario, ninguno de los servicios de protección de menores autonómicos cuenta con recursos residenciales específicos para menores víctimas de trata.

Por ello, el Defensor del Pueblo constata "la falta de coordinación" entre Fiscalía y las entidades de protección de menores lo que, a su juicio, "dificulta el proceso de recuperación y el trabajo de las entidades especializadas que las acogen", hecho que genera "una revictimización" de los menores al verse sometidos a los mismos procedimientos varias veces.

VICTIMAS IDENTIFICADAS O DETECTADAS

Becerril también ha destacado "la disminución enorme" existente entre las cifras relativas al número de víctimas de trata que finalmente se detectan en España en relación con el de personas identificadas en situación de riesgo. Así, según datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), en 2010 se identificaron 1.641 víctimas frente a 15.075 personas detectadas, mientras que en 2011 se identificaron 1.082 frente a 14.730.

La Defensora del Pueblo ha achacado estas variaciones "al miedo" de las víctimas a denunciar y ha insistido en que estas personas se enfrentan a "un drama personal y humano" que no debe entenderse como "un mero problema de migración".

Respecto al perfil de personas en situación de riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual en España es el de una mujer de Europa del Este de entre 18 y 32 años y una mujer latinoamericana de entre 33 y 42 años, según datos de la Secretaria de Estado de Seguridad entre 2009 y 2010. En el ámbito de redes de explotación laboral, la Defensora del Pueblo inició 11 investigaciones de oficio aunque, finalmente, ninguna fue considerada víctima por las autoridades.

A la luz de estos datos, el informe incluye una serie de recomendaciones, algunas de las cuales se dirigen al Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, entre las que destacan la solicitud de modificación del artículo 140 del Reglamento de Extranjería para que se desarrollen condiciones de colaboración con las ONG que se dedican a la acogida y protección de las víctimas de trata. Además, se recomienda que se agilicen los trabajos para la publicación del plan de lucha contra la trata con fines de explotación laboral.

Por su parte, entre las enviadas al Ministerio de Interior, destaca la recomendación de revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio en las solicitudes de protección internacional en las que el interesado alegue condición de víctima de trata. También propone establecer una base de datos para registrar a los menores indocumentados que sean localizados al intentar acceder de forma irregular a territorio nacional y establecer medidas necesarias para comprobar el vínculo de filiación de los menores con los adultos con los que trabajan.

Respecto al periodo de restablecimiento y reflexión, aconseja revisar el procedimiento para su ofrecimiento y valorar que intervengan en el proceso de identificación de las víctimas organizaciones especializadas. Además, recomienda diferenciar dos fases dentro del procedimiento: una para que la víctima se recupere y, una vez superada esta fase, otra en la que decida si desea cooperar con las autoridades; y aboga por incrementar los módulos de formación para los agentes y reforzar la coordinación entre Policía, Guardia Civil y policías autonómicas.

A la hora de realizar este informe --que recoge el resultado de 61 investigaciones de oficio, 32 expedientes de queja y entrevistas con 59 víctimas--, se ha contado con la participación de organismos de la Administración y de representantes de diferentes organismos internacionales y sindicatos, así como las entidades que forman parte de la Red española de lucha contra la trata.