Defensores de los derechos humanos reclaman en España trabajar en libertad

Prestigiosos juristas, entre los que se encuentra Mohamed Mostafaei, primer abogado de Sakineh Asthiani, la mujer que fue condenada a muerte por lapidación en Irán, se reunieron hoy en la capital española para analizar, durante dos días, los riesgos que afrontan en el ejercicio de su profesión.

Convocados por la Asociación Libre de Abogados de España, cuatro abogados, profesionales de México, Colombia, los territorios palestinos e Irán, comparecieron en rueda de prensa horas antes del inicio del seminario "Una profesión amenazada: el ejercicio de la defensa en el mundo".

"En 2010 todavía en muchos países del mundo las personas que se dedican a defender los derechos de otras, no sólo no tienen el apoyo de sus estados, sino que les ponen múltiples obstáculos", aseguró Endika Zulueta, abogado español y miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados.

Por eso, añadió Zulueta, el objetivo del seminario es "ofrecer el testimonio de aquellos que los sufren en carne propia para lograr los máximos apoyos de los organismos estatales y una mayor sensibilización con la situación que viven".

En ese sentido, el caso de la iraní Sakineh Asthiani ha servido, según el letrado Mohamed Mostafaei, "para que la atención internacional se centre en lo que pasa en Irán y para que, quien sabe si en un futuro, pueda desaparecer de allí la pena de lapidación".

"Si existiera la misma atención sobre otros casos se salvarían muchas más vidas y se ayudaría a muchos compañeros", apuntó.

Mostafaei, que tuvo que huir de su país en el que ha sido condenado a seis años de cárcel por hacerse cargo de la defensa de Asthiani, explicó que en Irán los abogados defensores "no tienen derecho a asistir a la toma de declaraciones de sus defendidos, ni a la instrucción de los expedientes desde el primer momento".

"El abogado entra en el sumario cuando las autoridades judiciales ha obligado a los acusados, bajo amenazas y torturas, a confesar delitos que han cometido o no", dijo.

El jurista iraní aseguró que en su país ahora mismo hay varios compañeros suyos encarcelados "por defender a sus defendidos" y consideró que "los abogados deberían gozar de inmunidad como los jueces".

El palestino Majeb Dibsi denunció la "singular" situación de los letrados que trabajan por los derechos humanos en Gaza y Cisjordania y que son considerados por Israel tan "bandidos y criminales" como aquellos a los que defienden.

"Israel legitima la tortura para sacar información, y además tiene la desfachatez de reconocerlo. Los jueces israelíes son jueces militares y sus servicios de inteligencia consideran a los abogados defensores una amenaza permanente", afirmó.

Sobre el uso de la tortura se pronunció también Douglas Vaughan, periodista e investigador estadounidense, quien señaló que al reconocer haber autorizado el uso de la conocida como "asfixia simulada" para obtener información a un preso de Guantánamo, el ex presidente George W. Bush "confesó un crimen de guerra y contra la humanidad".

"Estados Unidos ha perdido ya toda autoridad para condenar las violaciones de derechos humanos en otros países", aseveró.

Acabar con esos ataques a los derechos humanos tampoco es sencillo en Latinoamérica donde los abogados como la mexicana Alba Gabriela Cruz y el colombiano Jorge Eliécer Molano sufren asaltos, robos y amenazas con la "total impunidad del Estado".

"Sólo nos protegen cuando existe presión de la comunidad internacional", señaló Molano.

Para Cruz, las medidas cautelares impuestas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en 2007 para proteger a los profesionales mexicanos "no son suficientes".

El acoso y la persecución se han vuelto una constante en la vida de la abogada mexicana y de sus representados, que desde el pasado 30 de abril sufren además amenazas de muerte.

"Algunas de esas amenazas se han hecho ya efectivas y el temor es que pueden continuar", apostilló.