Derecho a Morir Dignamente pide que se aborde la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido

Desde la Asociación recuerdan que la Ley Básica de Autonomía del Paciente (LAP) de 2002 establece como un principio básico que "el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento", en el caso de un menos el consentimiento debe ser del tutor legal; "en el caso de Galicia, estos derechos han sido reforzado por una ley autonómica de Muerte Digna, aprobada recientemente", recuerdan.

En su opinión, hay que respetar la pluralidad de la sociedad española, que "se manifiesta mayoritariamente a favor de regular la eutanasia", y dar un paso más allá teniendo en cuenta que las leyes autonómicas actuales de muerte digna "han demostrado que son una herramienta insuficiente para que se respeten los derechos y se mejore la calidad de muerte de los ciudadanos".

Actualmente, Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia tienen leyes autonómicas de muerte digna, además, próximamente, se desarrollará en el País Vasco.

En lo que respecta al caso de Andrea, afirman que existe un conflicto entre una familia, que "desea ejercer sus derechos", y el equipo asistencial que "ignora lo que establece la ley e impone sus creencias personales a los valores y la voluntad del paciente es un atropello habitual".

"Los derechos de los pacientes no deberían quedar al albur de la interpretación personal de los profesionales", destacan desde la asociación, que ve necesario que "unas nuevas mayorías en el próximo Parlamento Español se decidan a abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido".

"Esto beneficiaría no sólo a aquellas personas que deseen disponer de su vida con todas las garantías, sino a todos los ciudadanos, que verían como una realidad los cambios en la relación médico-paciente que estableció en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente", añaden.