Desarticulan un grupo dedicado a falsificar certificados de empadronamiento

Según informa en una nota de prensa la Policía Nacional, los detenidos, acusados de presuntos delitos de falsificación documental y contra los derechos de los trabajadores, han sido arrestados además de en Barcelona, en las localidades de Olula del Río (Almería), Arona (Tenerife), Pilar de la Horadada (Alicante), Candelaria (Tenerife), Benidorm (Alicante), Murcia, Madrid, Figueres (Girona), Illescas (Toledo), Palamós (Girona), Guadassuar (Valencia), Torrevieja (Alicante) y Huesca.

Los compradores pagaban entre 2.000 y 5.000 euros por cada certificado municipal de empadronamiento, el cual era empleado para intentar regularizar la situación administrativa en España por la vía de 'arraigo social'.

El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener documentos aparentemente expedidos por los ayuntamientos de las localidades mencionadas anteriormente y que eran totalmente falsos.

Según la Policía Nacional, los máximos dirigentes del grupo podrían haber obtenido un beneficio de 300.000 euros.

En la nota se explica que las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, al detectarse que diversos ciudadanos extranjeros aportaban documentos aparentemente expedidos por ayuntamientos de diferentes localidades españolas, así como falsas asistencias médicas en servicios de urgencias en diversos centros hospitalarios.

Estos documentos facultan a su portador para validar el requisito de temporalidad, siendo utilizados para justificar la estancia consecutiva en España del ciudadano extranjero durante el período de tiempo exigido por la legislación española.

Tras revisar los archivos de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, se pudieron verificar las irregularidades existentes en numerosos certificados de empadronamiento presentados por diferentes colectivos, comprobándose con los ayuntamientos la falsedad de dicho documento, procediéndose a la detención de los portadores de los certificados al considerárseles cooperadores necesarios del delito de falsificación de documento público.

Hasta el momento, han sido intervenidos 23 certificados falsos de empadronamiento y un certificado falso de asistencia médica de urgencia.

Los hechos investigados, según la nota policial, han requerido los servicios de una red organizada que cuenta con los medios técnicos necesarios para proporcionar este tipo de documento, a la vez que disponen de la estructura adecuada, plasmada en una división de funciones y competencias para, primero, buscar clientes y después recaudar el dinero.

Según la Policía Nacional, las funciones de confección y posterior venta de los documentos eran desarrolladas por dos ciudadanos de origen pakistaní, mientras que otros de diferentes nacionalidades se dedicaban a la captación de posibles clientes.

Los máximos responsables de esta red fueron detenidos en Barcelona y se les ocuparon fotocopias de empadronamientos en blanco de diferentes localidades, pasaportes y expedientes de regulación de extranjeros, entre otra documentación.