Detenida una mujer en Mérida (Badajoz) por vender presuntamente contratos de trabajo ficticios a extranjeros

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Mérida, en colaboración con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, han detenido el pasado 24 de agosto a una vecina de dicha localidad pacense por su presunta implicación en los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal.

Los agentes que participaron en la investigación, que comenzó a principios de esta año, constataron que el "modus operandi" de la organización criminal consistía en la creación de un entramado empresarial "ficticio" con la finalidad de obtener "grandes beneficios" mediante el cobro de dinero por la venta de contratos de trabajo "ficticios" a ciudadanos extranjeros, habilitándoles con ello a la obtención de las oportunas autorizaciones de residencia y trabajo en España.

Para la creación de las "empresas" tan sólo cumplimentaban los aspectos formales, sin desarrollarse su actividad u objeto social, careciendo incluso de domicilio social real, figurando tan sólo un apartado de correos, informa el Ministerio del Interior en nota de prensa.

Supuestamente las empresas y máximos responsables de esta trama radicaban en Mallorca y Barcelona, y se han practicado unas 60 detenciones en todo el territorio nacional, incluyendo jefes, colaboradores, etcétera, de la organización criminal y extranjeros beneficiarios de citados contratos "ficticios".

La detenida en Mérida, mujer de 38 años de edad, que responde a las iniciales de A.M.R.N, figuraba como administradora de dos de las empresas del entramado investigado, añade Interior, que explica que se vinculan a éstas la venta de unos 34 contratos de trabajo a extranjeros, en su mayoría de nacionalidad china, a los que presuntamente se les cobraba de 1.000 y 2.000 euros por contrato.

Finalmente, tras la tramitación de las pertinentes diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.