Detenidas 46 personas en la desarticulación de una red que introdujo ilegalmente a más de 1.000 chinos en España

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado una red criminal que desde Barcelona regularizó de forma fraudulenta la situación en España de más de 1.000 chinos, deteniendo a 46 personas presuntamente implicadas, entre ellas, a la cúpula de la organización que ganó más de seis millones de euros con la trama de "blanqueo de personas".

Al frente de la red estaba un español, Florencio A., y un chino, Lunfeng Q., vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que regentaban una gestoría en el centro de Barcelona especializada en temas de extranjería y cobraba entre 3.000 y 12.000 euros por cada operación, según ha explicado este viernes en rueda de prensa el jefe del área central de Crimen Organizado de los Mossos, Joaquim Francesc.

La gestoría creaba empresas, la mayoría de las cuales no llegaron a existir fiscalmente, las daban de alta en la Seguridad Social y empadronaban a los ciudadanos chinos en los domicilios primero con una residencia provisional, y al cabo de cinco años la definitiva, obteniendo así documentación legal a través de un proceso fraudulento.

Al frente de la trama estaba Florencio A., propietario de la gestoría ubicada en la calle Jonqueres de Barcelona, que contaba con la colaboración directa de Lunfeng Q. que le proporcionaba el contacto con la comunidad china.

Inmediatamente por debajo estaban otros cinco españoles, José A., Jaime B., Antonio L., Pedro H. y Cirilo M., acusados de haber constituido más de 300 empresas, todas ellas inexistentes, para justificar la emisión de contratos de trabajo para superar los filtros de la Subdelegación del Gobierno.

El último escalón de la trama lo componían otras 39 personas que hacían de testaferros, de los cuales aproximadamente la mitad eran chinos y la mitad españoles.

Para no levantar sospechas, los detenidos contrataron un servicio de reenvío de correos que redirigía la correspondencia de 64 de las empresas a una segunda dirección para evitar que las empresas legales que existiesen en esas ubicaciones, que recibían la documentación a nombre de una desconocida, lo pusiesen en conocimiento de la policía.

La red también se dedicaba, bajo el entramado de las 300 empresas, a proporcionar vidas laborales falsas a algunas de estas personas, que ellas mismas pagaban las cuotas de la Seguridad Social y el grupo criminal se llevaba una comisión.

MAYOR OPERACIÓN HASTA LA FECHA

La investigación se inició en marzo de 2010, y se comprobó que Florencio A. ya se dedicaba al menos desde 2001 a esta actividad desde una gestoría que entonces tenía en la plaza Urquinaona, aunque "no con la misma intensidad".

La gestoría ha sido precintada por orden judicial, y los investigadores trabajan con la hipótesis de que hasta el momento solamente se ha detectado una pequeña parte del fraude masivo siendo "el más grande detectado hasta la fecha".