Detienen al policía local sospechoso de la muerte de una abogada granadina

Se trata de un antiguo cliente de la letrada, con el que había tenido ya problemas anteriores de "acoso", y que presuntamente había llegado a incendiar el coche de la mujer. En 2010 el hombre, al que la letrada le había llevado un asunto familiar --al parecer relacionado con la custodia de los hijos-- tras la separación de la mujer, presentó una queja contra ella por su actuación, con la que no estaba de acuerdo, pero el expediente --el único presentado contra ella en toda su carrera-- fue archivado un año después por el Colegio de Abogados de Granada "al carecer absolutamente de razón", según el decano, Eduardo Torres.

Tras ello, la abogada, que actualmente estaba colegiada por Madrid, llegó a pedir "amparo" al Colegio de Granada y a ser relevada de su obligación de secreto profesional para defenderse en un proceso judicial que se había abierto después de que ella hubiera interpuesto "varias denuncias" contra este cliente anterior.

Según el decano, la mujer, penalista y además especialista en asuntos de familia y violencia de género, separada y con dos hijas, estaba sufriendo una serie de episodios de "acoso" por parte de este hombre, del que sospechaba que le había quemado el coche, y mostró personalmente su "preocupación" ante Torres.

El decano ha explicado además que la abogada vivía en un edificio, en la calle Cádiar, que formaba parte de una promoción que el propio Colegio puso a disposición de los letrados de Granada. De hecho, el abogado Fernando Conde, presente en la rueda de prensa al ser también miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, ha indicado que él vive en el mismo edificio y que su familia oyó gritos que podrían deberse a otro asunto, ruidos, y después el trajín de los familiares de la letrada y de la Policía, ya de madrugada.

Según Conde, la abogada, que estaba muy preocupada por su situación, había instalado cámaras en la puerta de su casa y en el garaje, donde la Policía ha encontrado restos de sangre, por lo que los investigadores ya podrían contar con imágenes de lo ocurrido.

Eduardo Torres ha señalado por otra parte que, una vez que se abra el proceso penal por este asunto, el colegio se personará en el caso como acusación particular para "defender la profesión" con los medios y circunstancias que las leyes le permitan, y así lo propondrá en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.