Detenidos en Granada los propietarios de una empresa de construcción por una presunta estafa de más de 1 millón de euros

Las víctimas denunciaron en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que los empresarios que los habían contratado para la construcción de la promoción de viviendas les habían estafado concretamente 1.005.043 euros.

La Guardia Civil descubrió que todo comenzó en julio de 2017, cuando una empresa que promociona la construcción de estas 127 viviendas en Armilla adjudica la obra a otra que tenía su sede social en Castillo de Locubín (Jaén), la empresa de los ahora detenidos, a los que se atribuye un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental.

Los detenidos acordaron con la promotora de las viviendas que todos los meses cobrarían previa presentación de las facturas correspondientes y de un certificado de cada una de las empresas que subcontrataran en el que se hiciera constar que estaban al día en los cobros.

De esta manera, fueron cobrando todos los meses, pero las siete empresas a las que subcontrataron la construcción de las viviendas, no; y les impusieron como condición, sin embargo, que cobrarían sus trabajos mediante pagarés cada 120 días.

Todos los 15 de cada mes los detenidos supuestamente entregaban a la promotora los certificados que acreditaban que las subcontratadas habían cobrado, certificado que estas firmaron los tres primeros meses creyendo que los pagarés que les habían entregado tenían fondos.

El problema surgió cuando llegó el cuarto mes y los detenidos, para ellos poder cobrar, necesitaban los certificados de que las empresas subcontratadas estaban al día en los cobros, si no perderían la última factura, la del mes de febrero, de más 230.000 euros.

Para evitar que esto ocurriese, una vez cumplido el plazo de vencimiento de los pagarés, le pidieron a la administrativa de la empresa que falsificara los certificados. Los pagarés vencieron el 15 de febrero y las subcontratadas comprobaron que los recibidos carecían de fondos.

La Guardia Civil ha comprobado finalmente que los detenidos cobraron esta última factura de 230.000 euros gracias a los certificados falsificados, y que el mismo día en que se cumplía el plazo del vencimiento de los pagarés desmantelaron la empresa, despidieron a todos los trabajadores e incluso vaciaron la oficina que tenían en Castillo de Locubín.