Detenidos 8 empresarios que regularizaban extranjeros de forma ilegal

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a ocho personas, en la denominada operación 'Telaraña', desarrollada en La Solana (Ciudad Real), por regularizar trabajadores extranjeros de forma ilegal para cobrar subvenciones.

A los los detenidos, R. L. P., de 39 años; J. M. A. R. P., de 38 años; J. T. D. L. T., de 31; F. R. R. S., de 38 años; M. R. R. S., 45 años; J. L. C. M., de 29 años; A. R. M., de 35 años y M. J., de 37 años, todos ellos vecinos de La Solana (Ciudad Real), se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, estafa e infracción a la Ley de Extranjería.

En una rueda de prensa, el delegado del Gobierno regional Máximo Díaz-Cano, ha explicado que la investigación se inició en agosto de 2010 ante el aumento significativo de solicitudes de autorización de residencia y trabajo, utilizando la vía del arraigo social, presentadas en la Dependencia de Trabajo y Seguridad Social de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real por parte de extranjeros extracomunitarios, quienes adjuntaban, en sus solicitudes, precontratos de trabajo formalizados por empresas de La Solana.

Durante la investigación, los agentes de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la comisaría provincial de Ciudad Real descubrieron que algunas de las empresas investigadas falsificaban certificados de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago, con la finalidad de obtener subvenciones otorgadas por las diferentes Administraciones y de demostrar la solvencia económica de la empresa para regularizar en España a trabajadores extranjeros no comunitarios, a los que cobraban cantidades que oscilaban entre los 300 y 8.000 euros.

En algunos de estos casos, los empresarios eran conscientes de que las solicitudes de regularización en España iban a ser denegadas, al tener sus empresas deudas importantes con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Se ha podido determinar que el número de solicitudes de regularización de extranjeros en España presentadas ascendería a más de 300.

En nota de prensa la Subdelegación del Gobierno ha indicado que algunos de los empresarios investigados, para aumentar su capacidad de regularización de extranjeros en España y obtener posibles subvenciones de las Administraciones, constituyeron una cooperativa a nombre de ciudadanos extranjeros que se encontraban trabajando en sus empresas.

Las empresas investigadas tenían escasa infraestructura, ya que señalaban como domicilios sociales viviendas particulares del propio empresario o bien de alguno de sus familiares, careciendo, la mayoría de ellas, de oficinas, herramientas y maquinaria de trabajo, limitándose a tener únicamente a su nombre varios vehículos que utilizaban para el traslado de los trabajadores.

Las investigaciones las ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Manzanares.