División en la comunidad educativa ante el posible aval del TC a la financiación pública de la educación diferenciada

La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha señalado que si se hace efectivo este respaldo del TC a la enseñanza diferenciada sería "muy negativo" para el sistema educativo y un "paso atrás" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, ha censurado la politización de la Justicia española: "Esos jueces están puestos por los partidos políticos y deciden sobre lo que a estos les interesa". Lo mismo ha indicado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que ha subrayado que es un "escándalo" que el PP "recurra a la Justicia para que "avale sus políticas franquistas".

Sin embargo, la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (CEAPA), Begoña Ladrón de Guevara, ha señalado que la posible decisión del TC estaría "en consonancia" con el artículo 27 de la Constitución española que garantiza el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza. "Todo lo que vaya en encaminado en la defensa de la libertad de elección de los padres es bueno", ha apostillado.

En una situación intermedia se sitúa la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), cuyo presidente ha señalado que aunque no está de acuerdo con este modelo de educación diferenciada, "si está amparado judicialmente", su organización no tiene "nada que decir".

Por su parte, el representante de STES en el Consejo Escolar del Estado, José Luis Belmonte, ha indicado que una sentencia a favor de los conciertos a colegios que separan a los alumnos por razón de sexo "retrotrae" a años anteriores a 1970, pues la Ley de Villar Palasí aprobada ese año "ya decía que la educación tenía que ser mixta". "No es de recibo que el TC avale situaciones que discriminan al alumnado", ha apostillado.

La responsable del Sector de Educación de FeSP-UGT, Maribel Loranca, ha indicado que si bien este sindicato considera "respetable" que los padres o tutores apuesten por esta educación "segregadora", sin embargo, cree que estos centros "no los tienen que pagar todos los ciudadanos". Además ha advertido de que la ponencia que debate el TC incluye también la asignatura de Religión evaluable o la "segregación" del alumnado en itinerarios formativos diferenciados.

Desde CCOO, Miguel Recio ha advertido de que el posible respaldo del TC a este modelo diferenciado no obligaría a la administración educativa a ofertarlo. "Sería legal, pero no obligatorio", ha subrayado para añadir que "no es un derecho de los padres, sino de las administraciones". "El Gobierno tendría margen para eliminar este punto de la ley", ha añadido.