Ecologistas se oponen a la modificación de la Ley de Aguas

Las ONG que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) --WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra--, han rechazado la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros por considerarla "anticonstitucional" y "romper" la unidad de cuenca.

Según han recordado en un comunicado, el Real Decreto Ley por el que se reforma el Texto Refundido de la Ley de Aguas que aprobó el pasado 26 de agosto el Consejo de Ministros permite que las comunidades autónomas puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico. Inicialmente, será aplicable para Cataluña, Aragón y Andalucía al tenerlo previsto en sus estatutos.

"Se trata de una reforma que tenía que haber sido debatida preceptivamente en el Consejo Nacional del Agua y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente", advierten estas cinco ONG, las cuales, han exigido la retirada del Real Decreto Legislativo y un debate público sobre la política de aguas de España, ya que presenta "graves" irregularidades formales.

Asimismo, han indicado que con esta modificación, el Estado, que hasta ahora defendió de forma sistemática la exclusividad constitucional de esta competencia ante el Tribunal Constitucional, "da un giro de 180 grados y renuncia a sus competencias".

Igualmente, han explicado que supone ceder a las comunidades autónomas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias corresponden a las Confederaciones Hidrográficas del MARM, quedando el cumplimiento de las políticas de agua en las CCAA. A juicio de las ONG ecologistas, se trata de un paso más del Gobierno para "desmantelar cualquier posibilidad de una política estatal de agua".

Las ONG también han criticado la "precipitación" con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el Real Decreto Legislativo, que la Constitución solo reserva para asuntos "de extraordinaria y urgente necesidad". Dado que las cortes tienen que refrendarlo en un plazo inferior a 30 días, las ONG solicitarán a los grupos parlamentarios que "se opongan a esta modificación y que defiendan la competencia exclusiva de la Administración General del Estado en la policía del Dominio Público Hidráulico en las cuencas intercomunitarias". En el caso de aprobarse en las Cortes, las ONG acudirían al Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.