España denegó 7 de cada 10 peticiones de asilo examinadas en 2015, cuando "retrocedió" en protección, según CEAR

El informe, presentado este jueves por el presidente de CEAR, Carlos Berzosa; y su secretaria general, Estrella Galán; detalla que pese al incremento registrado en la cifra de peticiones de asilo, que pasaron de 5.947 en 2014 a 14.881 según los datos provisionales de Interior, España volvió a recibir el año pasado "un porcentaje ínfimo", inferior al 1%, de todas las solicitudes presentadas en la Unión Europea.

Además, explica que aunque el número de peticiones se triplicó, la protección se redujo: se concedió el estatuto de refugiado a 220 personas, frente a las 384 que la obtuvieron en 2014; y se dio protección subsidiaria --asistencia similar pero de carácter temporal-- a otras 800, cuando en 2014 la recibieron 1.199.

Mientras, el porcentaje de personas que vio rechazada la protección subió del 56,14% en 2014 al 68,52% y "no se concedió la residencia por razones humanitarias a ni a una sola de las 2.200 personas a quienes denegó la protección internacional", conforme dice el informe. Para CEAR, es la prueba de que "el precario compromiso del Gobierno con las personas refugiadas menguó aún más en 2015".

"Resulta alarmante que frente al aumento de solicitudes de protección de personas que proceden de países en conflicto los índices concesión hayan disminuido. A esto hay que añadir que sigue identificándose un trato diferenciado hacia los solicitantes de origen sirio y los que proceden de otros países en conflicto como Ucrania o Malí, cuyos expedientes están "congelados" en espera de que los conflictos lleguen a su fin", denuncia la organización.

Según Galán, esta "discriminación" se traduce en que, pese a que el inicio de la actividad de los centros de solicitud de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla han comenzado a funcionar, esta mejoría solamente se ha traducido en un incremento de solicitudes de asilo de personas de nacionalidades concretas porque se impide a personas de otras nacionalidades llegar hasta ellas, especialmente en el caso de personas de origen subsahariano.

DISCRIMINACIÓN A PERSONAS SUBSAHARIANAS

"Esas oficinas no son para todas las nacionalidades. No es que no lo sean, pero no se está permitiendo a las personas de origen subsahariano acceder a las fronteras", ha asegurado durante la presentación del informe.

Además, la secretaria general de CEAR ha hecho hincapié en la reducción de los reconocimientos de protección por parte de España pese al incremento de solicitudes de asilo (la "disminución de los índices de concesión") es una muestra de que las fronteras "se están volviendo más impermeables" y de que "se está convirtiendo al cuestión de los refugiados, que debería ser una cuestión de derechos humanos, en una cuestión de seguridad, como si los derechos humanos fueran algo del pasado".

De hecho, el presidente de la organización, Carlos Berzosa, ha subrayado que la "impermeabilización" de las fronteras se produce en un marco en el que "el ciudadano europeo se siente cada vez más inseguro" debido a la situación económica y al terrorismo. Sin embargo, ha hecho hincapié en que la acogida a los refugiados es un derecho humano y en que "no es una cuestión de caridad sino de justicia".

En cuanto al estatuto de apátrida, 1.151 personas lo solicitaron el pasado año, casi todas procedentes de los campamentos saharauis en Tinduf, en el desierto argelino. "Con lentitud, la OAR continuó resolviendo estas peticiones con un criterio favorable, de conformidad con los criterios definidos por el Tribunal Supremo", dice el informe de CEAR.

El desglose de las cifras revela que más de la mitad de los solicitantes de asilo procedían de Siria (5.724) y Ucrania (3.420) y el 42,8% del total cursó su petición en Melilla. Mientras, "sólo cuatro personas que llegaron como polizones" a puertos españoles pudieron pedir protección internacional, conforme denuncia CEAR.

En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el informe indica que "en función del centro en que la persona necesitada de protección internacional esté internada, el acceso al procedimiento varía de manera notoria" porque depende de las entidades y organismos que puedan entrar en las instalaciones y brindar información y asesoría jurídica, lo que "sólo existe en los de Madrid, Barcelona y Valencia".

Por otra parte, los responsables de CEAR han subrayado en el alto número de solicitudes de asilo y de protección todavía no resueltas que, según la coordinadora del Servicio Jurídico de CEAR, Paloma Favieres, se está convirtiendo en una "acumulación de 'stock'" de solicitudes retrasadas por distintas razones y de personas que no saben qué va a ser de su futuro.

"El problema no es solamente que se haya resuelto un número de solicitudes inferior al del año anterior sino que hay un número cada vez mayor de solicitudes pendientes de resolución. Esto se debe a que se ralentiza el procedimiento por cuestiones de la instrucción, de las personas solicitantes o porque se está dejando hibernar algunas solicitudes de ciudadanos de países en conflicto porque la duración del conflicto es incierta, como en el caso de solicitantes procedentes de Ucrania, República Centroafricana y Mali", ha explicado.

En todo caso, pese que la dilación del tiempo de resolución está contemplado como una posibilidad en las directivas europeas la directiva, lo permite únicamente como "excepción" y con la condición de que sea con "un tope de 21 meses e informando al solicitante con una previsión real", algo que, según ha asegurado, "en España no pasa".

El informe dedica un capítulo a analizar el "lento cumplimiento" de los compromisos españoles con Europa en materia de reasentamiento y reubicación de refugiados, ya que a junio de 2016 ha recibido a 124 personas de las 9.323 que asumió acoger mediante reubicación y no ha reasentado a ninguna de las 1.449 que aceptó a trasladar desde campos de refugiados en los acuerdos de junio y septiembre del año pasado.

PROPUESTAS PARA EL NUEVO GOBIERNO

CEAR pide al Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio que revierta la tendencia y adopte cinco compromisos, el primero de los cuales es instar "de forma inmediata" la suspensión de la aplicación del acuerdo entre la UE y Turquía para la devolución de refugiados, seguido de la acogida también inmediata, de las personas que se encuentran en Grecia e Italia que se ha comprometido a proteger.

Asimismo, exigen la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo, habilitando para tal fin las embajadas y consulados, facilitando la emisión de visados humanitarios, cumpliendo los compromisos de reasentamiento y asumiendo programas más ambiciosos.

En la misma línea, solicitan que se eliminen "los obstáculos" para el acceso al derecho de asilo, poniendo fin a "las devoluciones ilegales de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla", suprimiendo la exigencia de visado de tránsito a los sirios, trasponiendo las directivas europeas en materia de protección internacional y desarrollando el reglamento de la ley de Asilo, que lleva siete años pendiente.