España acoge pero no integra a los refugiados, que se quedan en precario, según un informe

El sistema de acogida español recibe a los refugiados pero no los integra y al cabo de unos meses de acompañamiento quedan a su suerte con problemas económicos graves, precariedad laboral cuando no desempleo e inestabilidad en la vivienda, a menudo habitaciones en pisos compartidos, por falta de una política de integración estable que favorezca que salgan adelante.

Son las conclusiones de un informe elaborado por la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de Comillas ICAI-ICADE, el Servicio Jesuita a Migrantes y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, presentado este jueves por sus responsables en Madrid: Juan Iglesias, Josep Buades y Gorka Urrutia, respectivamente.

Tal y como explica el trabajo, el proceso de acogida e integración en España es lineal y puede prolongarse hasta 18 meses en situaciones de especial vulnerabilidad. Tiene una primera fase de acogida en centros cuando la petición se ha admitido a trámite -el refugiado ha tenido que esperar una cita previa que ha podido demorarse semanas durante las que ha vivido de las ONG o en la indigencia-, una segunda de acompañamiento en vivienda y una tercera de autonomía con ayudas puntuales.

La mayor brecha se produce en esa transición a la vida autónoma, pues según explica, "cuando estas ayudas económicas cesan, los refugiados ven como sus proyectos se vuelven a desestabilizar, ya que muchos de ellos no han logrado acceder a un empleo y alojamiento regular y a unos ingresos estables".

El informe, para el que se ha entrevistado a 44 solicitantes de asilo que llevaban en España entre 12 meses y cinco años y a 30 personas "clave", como expertos y miembros de ONG, revela que si bien un 20% de los refugiados cuentan con estudios universitarios, todos "se incorporan generalmente a los segmentos productivos más bajos del mercado laboral, desempeñando trabajos manuales de baja cualificación".

EMPLEO INFORMAL, DESEMPLEO

"Lo que no puede ser es que la homologación sea un camino lleno de trabas administrativas y en algunos casos económicas, para que las personas refugiadas y de origen inmigrante no puedan reconocer sus cualificaciones en España. Esto es una pérdida para todos, para la población afectada y para la economía española en general", ha destacado Juan Iglesias, para incidir en que solucionarlo es una cuestión exclusivamente de voluntad política.

En estas circunstancias, los solicitantes de asilo "alternan ciclos de desempleo, empleo informal y empleo precario", con "ingresos económicos inestables y bajos" que condicionan a su vez la vivienda, a menudo concentrada "en barrios populares y obreros de las principales ciudades y coronas metropolitanas" y que suele consistir tanto para individuos como para familias en "habitaciones en pisos compartidos".

"Es una modalidad de alojamiento que los diferentes actores que participan en el Sistema de Acogida e Integración en los últimos años han asumido como normal en el sentido de habitual (...) pero que no deja de ser una situación anormal y precaria. Pisos compartidos que, en ocasiones, se encuentran fuertemente sobreocupados, como si fueran barracones laborales, donde la convivencia, el descanso y la intimidad son mucho más frágiles", dice el informe.

Se produce además una "fuerte itinerancia de piso, barrio, ciudad" motivada por "la informalidad del alquiler, ingresos bajos e inestables, ajustes de la economía doméstica, movilidad laboral, problemas de convivencia, etc", lo que "actúa en contra de procesos de integración locales más estables y de medio y largo plazo".

"La gran mayoría se incorporan en la parte baja de la estructura social y laboral española, concentrándose en las posiciones más vulnerables (...) por debajo, incluso, de la población de origen inmigrante. Un proceso de etno-estratificación caracterizado por el trabajo precario, la inseguridad económica y la segregación residencial en los barrios populares y multiétnicos de la periferia urbana", dice el informe.

Alerta de que se produce así "una integración social precaria que deriva en procesos de exclusión social en algunos casos, porque los refugiados inician trayectorias marcadas por la desafiliación social, el desempleo persistente y la emergencia de situaciones residenciales y de ingresos límites".

SIN RECURSOS PARA INTEGRACIÓN

El trabajo señala las grietas del sistema, pero incide en que no es todo culpa del mismo, pues son factores estructurales los que determinan que estas personas se queden 'descolgadas': no hay políticas estatales de integración que les apoyen para culminar el proceso.

"El sistema español de acogida a refugiados no cuenta ni con los recursos, ni con los medios, ni con la capacidad política de enfrentar y transformar ese conjunto de factores que determinan la trayectoria de integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Algo que solo se podría hacer desde políticas estructurales de integración social de las que el Estado español adolece en este momento", concluye.

Eleva una batería de recomendaciones que pasan por flexibilizar el sistema para adaptarlo a las necesidades reales de cada solicitante de asilo no sólo en el primer momento de acogida, sino también en el medio plazo: "Ajustar su capacidad, y sus posibilidades, en este sentido, ayudaría a evaluar política y públicamente su papel y resulta dos y, sobre todo, a impulsar la articulación del sistema con una política de integración social más amplia y ambiciosa de la que cada vez está más necesitada el país", señala.

"Falta apoyo político e institucional, una reglamento de la ley de asilo, que no está ajustada además a las directivas europeas y se da cierta ambivalencia en el sistema de acogida. Falta coordinación entre el sistema estatal de acogida y las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Faltan fondos para integración, que se redujeron a cero en la crisis económica y falta capacidad. Los recursos de cohesión social no están funcionando adecuadamente", ha sentenciado Iglesias.