La Eurocámara exige a Francia que no expulse más gitanos, pero París se niega

En una resolución aprobada por mayoría (337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones), el pleno de la Eurocámara expresó su "profunda preocupación" ante las repatriaciones y advirtió de que cualquier expulsión "masiva" viola la legislación europea.

Esa tesis no la comparte el Gobierno francés que, a través de su ministro de Inmigración, Eric Besson, replicó de inmediato a la reprimenda de los eurodiputados con los argumentos de que sus procedimientos se ajustan a derecho y de que el Parlamento Europeo se ha excedido en sus funciones.

"Está descartado que Francia suspenda las reconducciones a los países de origen, sean rumanos, búlgaros u otros ciudadanos", afirmó Besson desde Bucarest, a donde viajó para discutir con las autoridades del país precisamente sobre las expulsiones de gitanos rumanos.

El texto impulsado por socialistas, liberales, verdes e Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo se impuso en una tensa votación a la propuesta del Partido Popular Europeo -familia política de Sarkozy-, que evitaba mencionar a Francia y recordaba el derecho de los Estados miembros a garantizar su seguridad interior.

Tras una semana de encendidos debates, la postura del centroizquierda prevaleció y fue finalmente apoyada también por diputados conservadores de algunos países.

"Hoy el Parlamento Europeo ha señalado la oposición fundamental de la UE a la xenofobia y a la violación de los derechos de los ciudadanos que durante los últimos meses ha sido agitada por la política derechista de algunos Estados miembros", señaló en nombre del grupo Socialista Hannes Swoboda.

En esa línea, el presidente de la comisión de Libertades Civiles, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, subrayó que "no es tolerable la expulsión colectiva sobre la pertenencia a una comunidad étnica".

El texto aprobado lamenta la "retórica inflamatoria y abiertamente discriminatoria que ha marcado el discurso político durante la repatriación de gitanos" y advierte de que ese tipo de declaraciones alimentan el racismo y las acciones de la extrema derecha.

Además de a París, las críticas del PE se dirigen a Bruselas, pues los diputados critican a la Comisión Europea (CE) por su "tardía y limitada" respuesta.

La Eurocámara recuerda que en los últimos meses Francia ha "expulsado o retornado 'voluntariamente'" a "cientos" de gitanos comunitarios y que todas las "expulsiones masivas" están "prohibidas por la Carta Europea de Derechos Fundamentales y por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos".

Por ello, pide firmeza a Bruselas y le reclama que verifique rápidamente si las políticas de Francia y otros Estados miembros con los gitanos violan o no las normas comunitarias.

La CE se encuentra actualmente en pleno análisis de las medidas francesas, según explicó esta semana la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que ya ha pedido a París algunas aclaraciones.

Por su parte, Francia insiste en que todas las repatriaciones respetan escrupulosamente la legislación europea, que establece ciertos límites al principio de libre circulación en casos como el de alteración de la seguridad en el país de acogida.

En esa dirección, el ministro francés de Inmigración señaló, tras la votación en la Eurocámara, que, aunque la institución le merece un respeto, se ha excedido de sus prerrogativas: "nosotros no tenemos que someternos a ese dictado político. No vamos a cambiar nuestra hoja de ruta".

Para el grupo conservador del Parlamento Europeo, la polémica creada en Europa se deriva del uso "político" que se ha querido hacer de la situación de los gitanos para atacar a Sarkozy.

"Señalar con el dedo a Francia y a la Comisión Europea como ha hecho la izquierda no responde, lamentablemente, a los verdaderos desafíos de mejorar las condiciones de vida, educación, sanidad y otras necesidades básicas de los gitanos", indicó el PPE en un comunicado.

Según los datos de las instituciones comunitarias, entre 10 y 12 millones de ciudadanos de etnia gitana siguen sufriendo una "discriminación seria y sistemática" en Europa.