Evangélicos piden al Gobierno un protocolo "claro" sobre "la participación o no" de cargos públicos en actos religiosos

"En un Estado aconfesional los cargos públicos, por definición, no pueden ni deben profesar devoción religiosa alguna. Por tal motivo, si un ciudadano que ostenta un cargo público desea expresar su devoción en un acto religioso, debería hacerlo de forma muy discreta y a título inequívocamente particular", subrayan el presidente y el secretario ejecutivo de la FEREDE, Daniel Rodríguez y Mariano Blázquez, respectivamente.

A su juicio, la participación oficial de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, Defensa, María Dolores de Cospedal, Educación, Íñigo Méndez de Vigo, e Interior, Juan Ignacio Zoido, en las procesiones de Semana Santa, "se ha realizado de manera que no solo daña la imagen de la aconfesionalidad del Estado español, sino que vulnera el espíritu y la letra de las normas de convivencia democrática".

La FEREDE rechaza igualmente la participación de otros cargos públicos, representantes políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos actos y otros que se producen en otras festividades religiosas a lo largo del año.

"Además de inapropiada, la identificación religiosa de las Fuerzas Armadas --por ejemplo, La Legión-- con sus uniformes, himnos, símbolos y banderas que pertenecen y representan a todos los españoles, resulta ofensiva por discriminatoria para millones de ciudadanos que profesamos otras creencias religiosas", subrayan.

También consideran que la participación de soldados y mandos del Ejército en actos religiosos no debe tener el estatus de un acto militar y, por lo tanto, no ha de ser "de asistencia obligatoria como, en ocasiones, sucede en la actualidad".

En cualquier caso, expresan su "absoluto respeto" a los españoles que profesan la fe católica pero pide que el Estado les dispense "un trato neutral y no privilegiado" y reclaman que no se "retroceda a posiciones confesionales e identitarias propias de otros tiempos".

Por todo ello, la FEREDE se pone a disposición del Ejecutivo para ayudar a la elaboración y redacción de un protocolo "claro" que regule la participación o no de los cargos públicos y los representantes de las instituciones del Estado en cualquier acto religioso.