Ex militares uruguayos piden el veto presidencial de la norma que anula la Caducidad

Las dos principales agrupaciones de oficiales retirados, el Círculo y el Centro Militar, denunciaron el "sistemático ataque a la institución militar" en la conmemoración anual del día de los caídos en la Lucha Contra la Sedición.

El acto, celebrado en Montevideo, recuerda a los militares muertos antes y durante la dictadura en el combate contra la guerrilla de los Tupamaros, a la que perteneció Mujica y varios de sus colaboradores en el Gobierno.

En el homenaje participaron los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, además del coronel Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar, y la mayoría de los comandantes en jefe del Ejército de los últimos años.

Hace dos días, el Senado aprobó un proyecto de ley para invalidar la Ley de Caducidad, que impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura.

Poco antes del acto en el Círculo Militar, el excomandante en jefe del Ejército, el general Raúl Mermot, consideró en otro acto en conmemoración de los militares muertos en la lucha contra la guerrilla que el Ejecutivo de Mujica "avasalla el Estado de derecho".

"Declina la democracia (en Uruguay) por el avasallamiento de este Gobierno", recalcó al ser consultado por la prensa.

La invalidación de la Ley de Caducidad en el Senado, lograda con los votos exclusivos de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, "menoscaba la voluntad popular expresada en dos referendos", afirmó Mermot.

La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada posteriormente en las urnas en 1989 y en octubre de 2009, en este último caso con la izquierda en el poder y en la misma votación que dio la victoria a Mujica.

Su anulación, que en la práctica permitirá que se juzgue sin excepción a los militares y policías acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, "puede terminar en una crisis institucional" y "problemas muy mayores", agregó el excomandante en jefe del Ejército.

Por su parte, Galarza dijo que los militares retirados no presentarán como institución recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, pero ello "seguramente ocurrirá a nivel individual", afirmó.

Además, no descartó la posibilidad llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que ese organismo condenó el 24 de marzo pasado al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.

Galarza sostuvo también que en las medidas judiciales que en los últimos tiempos derivaron en el procesamiento e ingreso a prisión de algunos militares y policías retirados "se ignoró, deliberadamente o no, información relevante y de importancia capital".

En declaraciones exclusivas publicadas este jueves por el semanario Búsqueda, Mujica se mostró "preocupado" por la decisión del Senado y advirtió que la medida "tensiona todo".

El Jefe de Estado, de 75 años, 13 de los cuales los pasó en la cárcel por su lucha guerrillera, reiteró que no va a vetar la ley porque su responsabilidad, "como titular del Poder Ejecutivo, es bancar (soportar) todo".

Sin embargo, también advirtió de que "los abogados se van a hacer una fiesta por cuanto habrá reclamos cruzados de todo tipo", en alusión a los posibles recursos de inconstitucionalidad contra la iniciativa.

Antes de que a ley llegue a manos de Mujica, la nueva normativa debe volver a Cámara de Diputados, donde ya había recibido el visto bueno en noviembre pasado, para que sean ratificadas unas modificaciones menores realizadas en la Cámara Alta.

La Ley de Caducidad no impidió que en los últimos años varios militares y policías fueran procesados y encarcelados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Alvarez.

Según la también llamada "Ley de Impunidad", el Poder Ejecutivo tiene la potestad de decidir qué casos pueden ser excluidos de la norma y cuáles no, un aspecto que fue usado por los Gobiernos de izquierda que condujeron el país desde 2005 para dar luz verde a varios procesos.