Expertas denuncian que "muchos" 'dreamers' españoles "no son reconocidos" como menores y quedan desprotegidos

Expertas en migraciones han denunciado que "muchos" de los menores no acompañados que llegan a España en situación irregular, conocidos en Estados Unidos como 'dreamers', "no entran a ser reconocidos" como menores, por lo que "quedan excluidos" del sistema de protección y en una situación "totalmente irregular".

Así lo han manifestado este miércoles 6 de septiembre a Europa Press la portavoz de la Fundación Raíces Almudena Escorial y la investigadora de la Cátedra de Derecho y Menores de Comillas ICADE, Isabel Lázaro, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya derogado el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Este programa, aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama, daba acceso a permisos de trabajo a quienes ingresaron al país de forma irregular siendo niños y protegía de la deportación a cerca de 800.000 personas de entre 15 y 36 años. Es un programa al que pueden acceder menores que llegan solos, acompañados, o cuya familia ya reside en el país.

En España, estas expertas denuncian la situación a la que se enfrentan los menores que llegan solos. Según asegura Almudena Escorial, la política con respecto a los jóvenes inmigrantes es que "muchos de ellos no entran a ser reconocidos como menores, a pesar de tener documentación". "Se está haciendo una política que les está expulsando del sistema de protección. A muchos de ellos se les está echando a la calle y nunca llegan a estar protegidos ni a ser parte del sistema", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que "se les pone muchas trabas" a través del procedimiento de determinación de la edad, y que los jóvenes "no cuentan con garantías para defender su minoría de edad". "Al final muchos de ellos acaban en la calle. No llegan a entrar en el sistema de protección y si entran, son dos semanas. Estos niños nunca acaban siendo protegidos y muchos de ellos acaban desaparecidos, se les pierde el rastro", ha criticado Escorial.

Concretamente, ha subrayado que si a estos jóvenes se les considera adultos y "no tienen la documentación" que les permite estar en España, acaban "expulsados, en la calle, en otros países de Europa o desaparecen". "En España hay sentencias en las que el Tribunal Supremo dice que si tienen documentación válida que la Policía no dice que sea falsa, son menores de edad. El Tribunal Supremo ha dicho lo que se debería hacer y no se hace", ha denunciado.

"Tenemos varios casos en los que la Fiscalía dice que los jóvenes son mayores, entonces iniciamos un proceso judicial, que es muy largo, y cuando termina el procedimiento estos niños cumplen la mayoría de edad. Cuando se demuestra que eran menores de edad no se puede hacer nada porque ya son mayores", ha explicado Escorial.

En la misma línea, ha destacado que es "muy raro" que los jóvenes lleguen a estar delante de un juez para poder demostrar su minoría de edad, ya que en el procedimiento de determinación de la edad "no tienen derecho a un abogado de oficio". Además, ha añadido que "hay procedimientos que pueden durar cuatro o cinco años".

Por su parte, Isabel Lázaro ha subrayado en declaraciones a Europa Press que cuando los jóvenes migrantes llegan a la Península "en primer lugar tienen que demostrar que son menores", siendo sometidos a las pruebas de determinación de la edad. "Muchos no llegan a ser reconocidos como menores. Esa determinación de la edad está mal hecha porque no es una ciencia exacta, y porque a veces se repite la prueba hasta que el resultado determina una mayoría de edad", ha apuntado.

En su opinión, la parte fiscal "tiende a declarar que son mayores" porque "tienen encomendada una labor de control de fronteras". "Tienen que decir que los menores que están en el último tramo de la adolescencia son mayores, por lo que en muchos casos no se reconoce su minoría", ha criticado.

Aunque sí se les considere menores, no reciben automáticamente un permiso de residencia, pasan a ser tutelados por las comunidades autónomas que tienen la obligación de documentarlos. Al llegar a la mayoría de edad, esa documentación puede permitirles solicitar un permiso de residencia si consiguen alegar arraigo durante tres años.

Respecto a los menores que consiguen acceder al sistema de protección, Escorial afirma que "suelen ser los más pequeños". "Cuanto más pequeños es más fácil que estén en el sistema de protección, pero también hemos visto que se les han hecho pruebas a niños muy pequeños que no se les debería hacer", ha concretado.

Para la portavoz de Fundación Raíces, "lo que dice la ley" es que el sistema de protección "debería garantizar todos los derechos de los menores", como el "poder tener acceso a la educación".

"Hemos recibido testimonios de niños que queriendo acceder a determinados estudios no han podido, que no se les ha tramitado la documentación a la que tienen derecho o que cuando cumplen 18 años no tienen autorización de residencia, lo cual les expone otra vez a la exclusión social", ha criticado Escorial.

Además, ha afirmado que los niños que consiguen acceder al sistema de protección "casi siempre van a centros o macrocentros" de acogida, en los que "pasan mucho tiempo". "Se ha creado un sistema paralelo para ellos. Estos niños deberían tener los mismos recursos que el resto de niños españoles que están en protección, pero es muy raro que estén en familias", ha concluido.

Mientras, Lázaro insiste en que cuando cumplen la mayoría de edad salen del centro de protección y "quedan en situación irregular sin permiso de residencia", lo que les supone "ser expulsados o quedarse en la calle"."No se tiene interés en regularizar su residencia, se están incumpliendo los Derechos Humanos de estos jóvenes", ha dicho.

588 MENORES LLEGARON SOLOS EN 2016

En 2016 han sido localizados 588 menores extranjeros no acompañados en España, un 42,02% más que en 2015 (414) y un 163% más que en 2014 (223), según datos de la Fiscalía General del Estado.

Del total de menores llegados a España el pasado año, 564 eran hombres (95,01%). Un total de 222 provenían de Argelia (37%), 184 de Marruecos (31,29%), 62 de Costa de Marfil (10,54%) y 32 de Guinea (5,44%).

La Fiscalía indica que es "imposible" saber cuántos otros menores han llegado a España a través de las fronteras de Ceuta, Melilla o Algeciras de forma oculta o clandestina. No obstante, precisa que, a fecha de 31 de diciembre de 2016, figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 3.997 niños tutelados o acogidos por los servicios de protección (527 niñas y 3.470 niños).

En este caso, se ha producido un incremento del 19,63% respecto del año anterior en el que estaban registrados 3.341 menores. La mayoría son marroquíes (2.620) seguidos a mucha distancia por argelinos (220), siendo significativo que 160 son nacionales de estados miembros de la Unión Europea, según se recoge en la memoria.

¿CUÁL ES EL MEJOR SISTEMA?

Pese a que en España no existe un programa como el que había en Estados Unidos, para el profesor de Relaciones Internacionales de Comillas ICAI-ICADE, Pedro Rodríguez, el DACA era "como un limbo" para que los jóvenes inmigrantes pudieran seguir en el país y "que no se tomaran represalias contra ellos", "regularizando su situación".

"A la hora de regularizar el problema de inmigración ilegal desde luego que Estados Unidos no es un ejemplo. No veo muchas lecciones que pueda aprender España en materia de inmigración de Estados Unidos", ha sentenciado este experto.