Expertos abogan por un debate profundo sobre el Guadalquivir y critican que sea una cuestión política

El catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Leandro del Moral y el presidente de la Asociación Ríos con Vida, Pedro Brufao, abogan por un debate "profundo y fértil" sobre la gestión del Guadalquivir más de allá de las competencias de las aguas y lamentan que "la cuestión se haya convertido en política más que medioambiental".

Así, Del Moral ha explicado la gestión de las competencias sobre las aguas del río Guadalquivir necesita "un debate político más profundo y fértil sobre la protección y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos", según ha indicado a Europa Press. Al mismo tiempo, ha reconocido que este debate tiene en Andalucía una enorme dimensión política, pues la transferencia del Guadalquivir fue "prácticamente lo más importante que se transmitió con claridad a la sociedad cuando la reforma del Estatuto andaluz".

En referencia a la negociación entre Gobierno y Junta por alcanzar una fórmula de gestión sobre el río y a menos de un mes de la finalización de la encomienda de gestión firmada en su día por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el consejero andaluz del ramo, José Juan Díaz Trillo, Del Moral ha señalado que la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz "va a caldear el ambiente con vistas a las próximas elecciones autonómicas, teniendo en cuenta la posición pro-estado central de las oligarquías agrarias y sus grupos de presión y la relativa ambigüedad del PP en este tema".

Asimismo, ha confesado que, "por una y otra parte, se va a volver a instrumentalizar el debate de las competencias sobre el Guadalquivir". Por su parte, considera que "IULV-CA está situada en posiciones autonomistas, sin más matices y con poca atención al debate y a los problemas concretos que implican la gestión de las cuencas fluviales".

El catedrático de la Universidad de Sevilla ha manifestado que además que el debate andaluz sobre el Guadalquivir tiene "una gran repercusión en la distribución de competencias sobre el agua en toda España". En este sentido y como miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua coincide en defender "el principio de unidad de cuenca" y plantea cuál es la solución si transferir o delegar competencias en las comunidades, la creación de un órgano superior de coordinación o mantener un órgano común de planificación y gestión en el que participan de forma más amplia y efectiva no solo las regiones, sino también los grupos ciudadanos.

Por otro lado, ha expresado que "la solución no está en fortalecer una de las dos administraciones --Estatal o Autonómica-- en detrimento de la otra, sino en la aplicación rigurosa de la Directiva Marco de Aguas, que brinda la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e integradora".

"AUTORIDAD COMPETENTE APROPIADA"

Asimismo, ha explicado que la Directiva obliga a llevar a cabo una planificación y gestión integradora designando "la autoridad competente apropiada" para la aplicación de sus normas, por lo que este aspecto es "clave" para este debate.

Para que la planificación y gestión de las aguas sea integradora respecto de todas las competencias concurrentes, Del Moral apuesta por crear un órgano de coordinación con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la planificación y gestión de las aguas de la demarcación. "En él deben estar representados con voz y voto los distintos departamentos de las administraciones públicas con competencias concurrentes sobre las aguas", ha precisado.

La responsabilidad principal del mismo debe ser la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de Cuenca y de los Programas de Medidas y Seguimiento, a propuesta del Organismo de Cuenca, tras la tramitación y participación pública correspondiente. Junto a este Comité de Autoridades Competentes "mucho más sólido y activo que el actual", la solución del conflicto exige una democratización en profundidad del Consejo de cuenca, en línea con lo que ya se intentó sin éxito en la fallida reforma de la Ley de Aguas de 2007, "a la que se opusieron los que ahora reclaman la exclusiva competencia del Estado central sobre la cuenca", ha recordado.

"El conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va existir y la única solución es crear espacios sólidos y estables donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos", ha manifestado.

Por último, el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua ha asegurado que estas razones le hacen "pedir que los políticos y los representantes de intereses sectoriales abandonen el conflicto por la competencia sobre las aguas". "Hay que seguir defendiendo un debate político más profundo y fértil sobre la protección y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos en un espacio común y con una participación pública activa", ha abogado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ríos con Vida, Pedro Brufao, cree que la cuestión de las competencias sobre el río Guadalquivir es "un tema político más que medioambiental" y señala en declaraciones a Europa Press que es "una cuestión constitucional más importante de lo que parece".

"LUCHA ENTRE JUECES Y POLÍTICOS"

Además, ha apuntado que el intento de Gobierno y Junta de no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Andalucía es "un ejemplo más de la lucha entre jueces y políticos". Por otro lado, considera que detrás de esta situación competencial se esconde "la ilegalidad estructural de la cuenca con miles de hectáreas de regadíos en situación irregular o los pozos ilegales en Doñana". Brufao ha resaltado que la "el regadío no es sostenible en Andalucía".

Del mismo modo, la gestión de las competencias del Guadalquivir por la Junta de Andalucía supone "poner demasiado cerca del poder económico la toma de decisiones". En este sentido, ha recordado además que la gestión del Gobierno andaluz puede estar sometida a "la captura del regulado", pues "cuanto mayor es la cercanía más fácil es para el poder económico capturar al poder político".

Por último, Brufao, que ha asegurado que las sentencias están para cumplirlas, ha abogado por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, "una aplicación que se ve en Andalucía más como un obstáculo que como un instrumento de buena gestión".