Expertos proponen a la OMC elaborar un documento de instrucciones previas de la profesión médica y un Observatorio

Y es que, a lo largo de la Jornada, ha quedado patente el "desconocimiento general" en la sociedad española y también en los médicos de este documento de instrucciones previas, en el que un ciudadano expresa sus deseos sobre los cuidados y tratamientos que quiere que le sean aplicados ante la eventual aparición de una enfermedad o discapacidad al final de la vida que le impida expresar su voluntad, así como a decidir el destino de su cuerpo cuando fallezca.

La evidencia de este desconocimiento son los datos que reflejan que, actualmente, solo 187.256 personas han llevado a cabo el documento de instrucciones previas, a pesar de estar vigente legalmente desde 2002 en que se aprobó la Ley básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que recoge dicho documento.

DESCONOCIMIENTO DE LOS PROPIOS MÉDICOS

Al desconocimiento de los ciudadanos se suma también el de los propios médicos, a quienes, según han aseverado los especialistas, no se tuvieron en cuenta en la génesis de esta regulación, salvo para el problema de la interpretación de las instrucciones previas del paciente y para el Registro.

"Se trata de un dilema ético al que se enfrentan los médicos cuando se encuentran con un enfermo en una situación en la que no puede expresar su voluntad y no ha manifestado anticipadamente como quiere que se le trate y se le cuide. Aunque esta situación está expresamente recogida en el Código de Deontología Médica, en ocasiones, provoca situaciones difíciles por las discrepancias con la familia y entre los propios miembros del entorno familiar", han aseverado.

Además, en el encuentro se ha comentado que muchos de los médicos desconocen que pueden acceder al Registro Nacional de Instrucciones Previas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en caso de consulta sobre la asistencia a un paciente en las circunstancias descritas.

"La excesiva legislación de las distintas comunidades autónomas al respecto, a los que se suman los elaborados por la Conferencia Episcopal Española y la Asociación Derecho a Morir Dignamente, confunden y complican este asunto del que no existe una cultura arraigada en España, como quedó patente", han zanjado los expertos.