Fundación Raíces quiere llevar al Constitucional el protocolo del Gobierno para menores extranjeros solos

Raíces viene denunciando que este protocolo sistematiza las pruebas de determinación de la edad a niños que llegan a España sin compañía de ningún adulto, lo que provoca que sean sometidos a análisis médicos por orden de la Fiscalía aún teniendo documentación oficial de su país de origen que acredita su minoría de edad.

La consecuencia es que estas pruebas arrojan una horquilla de resultados tan amplia que permite dar por adulto a un adolescente. Siendo considerado mayor de edad, queda fuera de la tutela pública y es expulsado de los recursos de acogida, de modo que se ve en la calle y puede ser devuelto a su país de origen.

La Audiencia Nacional, primero, y el Supremo después, han sentenciado que no cabe recurso contra el protocolo porque se trata de una mera guía consensuada por distintos ministerios y la propia Fiscalía que recoge el modo de obrar en función de la legislación. Entienden que no tiene así carácter de ley o de reglamento y por tanto, no se puede recurrir.

El Supremo, que ha venido sentenciando contra la realización indiscriminada de pruebas de edad a menores documentados y ha establecido que sólo en aquellos casos en que no posean este tipo de acreditación de su edad pueden ser sometidos a los exámenes médicos, dice en su sentencia que son estos actos los que se pueden denunciar, no así el protocolo.

"No solo no se puede recurrir el Decreto que establece la mayoría de edad de niños y niñas que portan documentación, sino que tampoco se puede recurrir la norma que así lo establece", lamenta la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

Denuncia que "cada día en España se vulnera la presunción de minoría de edad de todos estos niños y niñas, y se les discrimina con respecto al resto de niños y niñas que están en desamparo en nuestro país y, con respecto al resto de ciudadanos africanos a quienes, si son adultos o niños acompañados, no se les niega credibilidad de sus documentos expedidos por los mismos Registros civiles y Oficinas Consulares".

CEÑIRSE AL PROTOCOLO

Save the Children es de la misma opinión y pide directamente al Gobierno que no utilice el protocolo "en ningún caso que exceda el mero fin de coordinación entre los agentes implicados en el proceso de acogida", pues es así, como un documento de "coordinación interadministrativa", como lo define la sentencia del Tribunal Supremo.

En este sentido, la ONG especializada en infancia incide en que además de utilizarse como herramienta de coordinación, "se usa para determinar la edad del menor que llega a España y decidir si los documentos de determinación de la edad (como pasaportes o certificados de nacimiento) son o no válidos" dejando así a criterio de la Policía o la Fiscalía "el tener o no en cuenta los documentos aportados".

"Según la Ley de Extranjería y reiterada jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, la realización de pruebas médicas debe ser el último recurso para determinar la edad de un menor y deben considerarse como válidos y prioritarios los documentos aportados", recuerda la organización.

"Si, como ha dictado el Tribunal Supremo, este Protocolo solo debe servir como pauta de coordinación interna, pedimos que se tome como tal, se modifique para que cumpla únicamente esa función y que prime la Ley. Es decir, que se tengan en cuenta los documentos de los menores extranjeros no acompañados por encima de las pruebas médicas y que todos los menores que llegan solos a España cuenten con asistencia letrada durante todo el proceso de acogida", añade la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Ana Sastre.