La Fundación Vivo Sano pide al Gobierno que desarrolle la nueva Ley de Telecomunicaciones

Además, la fundación ha avisado de que tampoco ha determinado los niveles de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, tal y como se ordena en el artículo 61 de dicha ley. En consecuencia, la regulación vigente en la actualidad es un real decreto que data del año 2001 (RD 1066/2001), y cuyos criterios sobre los límites de exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos han quedado obsoletos, tal y como reconoció el Parlamento Europeo ya en 2008.

Por ello, el responsable del Área de Contaminación Electromagnética de la Fundación Vivo Sano, Raúl de la Rosa, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, donde recuerda que la resolución 1815 del Consejo de Europa (2011) recomienda fijar un límite de exposición de 0,6 V/m, para pasar a medio plazo a 0,2, V/m, mientras que el vigente real decreto de 2001 establece un límite de 41,19 V/m para determinadas radiofrecuencias, como es el caso de las redes de antenas base de telefonía móvil o del 'wifi'.

"Esto entra en claro conflicto con los criterios del Consejo de Europa. La Resolución 1815 no es de obligado cumplimiento, pero la nueva ley debe estar en concordancia y no contravenirla. Es incongruente que España haya suscrito la Resolución 1815 y que luego la desoiga o la contradiga. El Gobierno no puede, en sus actuaciones, dejar de respetar los principios de coherencia y de protección de la salud", ha apostillado De la Rosa.

Asimismo, la Fundación ha recordado el "creciente aumento" de la preocupación ciudadana por la contaminación electromagnética a raíz de la encuesta de elaboración propia, realizada en junio de este mismo año, según la cual el 90 por ciento de los ciudadanos considera que los campos electromagnéticos artificiales perjudican la salud y un 80 por ciento afirma no disponer de información suficiente como para protegerse de los efectos nocivos de dichos campos.

"Estos datos siguen la línea del Eurobarómetro Especial sobre campos electromagnéticos del año 2010 y nos confirman que existe una preocupación ciudadana sobre la salud que el gobierno no puede dejar de atender", ha recalcado De la Rosa.

LLAMAMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A su entender, la preocupación ciudadana sobre la exposición a radiaciones artificiales está bien fundamentada en los numerosos estudios y llamamientos científicos internacionales que alertan de los riesgos sanitarios de dichas radiaciones, especialmente en niños, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos y personas electrosensibles, basados en los efectos biológicos adversos en la salud de la población en general, relacionados con leucemia infantil y otros cánceres infantiles, tumores cerebrales, cáncer de mama o Alzhéimer.

La misiva enviada al Gobierno hace referencia específica a la clasificación en 2011, por parte de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las radiofrecuencias como posible carcinógeno en humanos, tipo 2B.

También se esgrimen el 'Principio de Precaución', incluido en el artículo 130 R del Tratado de la Unión Europea, que es vinculante para los Estados miembros, y el Principio ALARA (As Low As Reasonably Possible, tan bajo como sea razonablemente posible, según sus siglas en inglés), recomendado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

A estas recomendaciones se suman los criterios del Parlamento Europeo, que ya en 2008 señaló, en su Resolución sobre la Revisión Intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (2007/2252 (INI)), que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la comunicación, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños.

"La palabra salud sólo aparece 17 veces en todo el texto, de 64.481 palabras. Esto nos da la medida de hasta qué punto el Gobierno desdeña el criterio de salud pública mientras que prioriza los intereses económicos de las compañías de telecomunicaciones. Por eso insistimos en que es urgente desarrollar un reglamento que actualice los actuales criterios, ya obsoletos, y que se haga de acuerdo a la Resolución 1815 del Consejo de Europa", ha zanjado De la Rosa.

(EUROPA PRESS SALUD)

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