Gobierno y oposición ven "muy positivo" el acuerdo en el Congreso sobre refugiados, que "reforzará" a España en Bruselas

El Gobierno en funciones y la oposición han acogido con satisfacción el acuerdo alcanzado por los grupos del Congreso y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que este miércoles 16 de marzo han consensuado la postura que deberá defender el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ante el Consejo Europeo. El Consejo estudiará, durante los dos próximos días, un posible acuerdo con Turquía en relación a los refugiados: rechazará las expulsiones colectivas y las individuales si no se ha agotado el expediente de asilo, y defenderá vías legales de acceso a la UE.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, que ha comparecido en la Comisión Mixta para la UE, en cuyo inicio se ha aunado la posición, considera que es "muy positivo que haya una postura común del Parlamento español y que el Gobierno vaya reforzado a la reunión" del Consejo Europeo.

"El acuerdo es bueno y me congratulo con ello. Las líneas rojas y los límites de negociación son los que todos compartimos y que el Gobierno tuvo desde el principio claras, y a la vez, se concede cierto margen de negociación, porque hay que ser conscientes de que esto es una reunión a 28 y que sería muy malo que no llegáramos a alcanzar un acuerdo con Turquía", ha señalado durante su comparecencia en la Cámara Baja.

En este sentido, ha defendido que "si no se llega a un acuerdo con Turquía, se puede acabar convirtiendo a Grecia en un enorme campo de refugiados y eso hay que evitarlo".

Así, ha subrayado que España siempre ha defendido la necesidad de que Turquía respete el derecho internacional que prohíbe las expulsiones colectivas, que controle de manera eficaz sus fronteras exteriores y luche contra las mafias de tráfico de personas, al tiempo que ha subrayado que la liberalización de visados que pide Ankara debe supeditarse al cumplimiento de los requisitos generales de la Unión Europea.

Sobre la adhesión de Turquía a la UE, considera que los avances en este punto deben estar acompasados con el cumplimiento de 'criterios de Copenhague', especialmente en el estado de derecho, del cumplimiento de los derechos humanos, y de las libertades fundamentales. En este punto, ha trasladado que hay "preocupación" en los jefes de Estado y Gobierno de la UE por asuntos internos de Turquía como la libertad de prensa.

LA POSIBLE DECLARACIÓN UE-TURQUÍA

Eguidazu ha aclarado también que, a raíz de estas preocupaciones, el presidente Tusk distribuyó un "documento informal" el pasado 11 de marzo elaborado a partir de la propuesta de Ankara con las líneas en las que debería basarse un posible acuerdo o declaración UE-Turquía.

Éste contempla establecer que los retornos a Turquía se conviertan en una medida "temporal y extraordinaria", necesaria para acabar con el sufrimiento humano y para restablecer el orden público; se indica que los migrantes que lleguen a islas griegas serán registrados por Grecia y aquellos que no pidan asilo o cuyas solicitudes no sean admisibles con la UE serán retornados a Turquía.

A su vez, recoge que los devueltos a Ankara estarán protegidos por los principios internacionales sobre refugiados y respetando el principio de no devolución. También señala que para el reasentamiento, que se ejecutaría con el mecanismo ya acordado por los Estados, tendrán prioridad los sirios que no hubiesen entrado irregularmente en la UE.

UN ACUERDO "BUENO" PARA EL GOBIERNO Y EL PAÍS

Ante estas declaraciones, Ignacio Sánchez Amor, del PSOE, ha ensalzado que el acuerdo pactado "es bueno" para el país, para el Parlamento y para el Gobierno. En su opinión, se trata de una "solución jurídica y política" que da respuesta a la fase de interinidad que vive el Gobierno, y sirve de precedente para que el Gobierno negocie en nombre de España ante la UE. Además, ha lamentado que Rajoy no comparezca en la Cámara para dar cuenta de las cumbres europeas.

Desde Podemos, Pablo Bustinduy ha criticado que el acuerdo entre el Congreso y el Gobierno haya llegado "tarde" y considera que el Ejecutivo "ha cambiado de opinión" ante la presión de ONG y opinión pública. A su vez, ha criticado que el principio de resolución UE-Turquía se ha "tasado económicamente" frente a la situación de emergencia de la crisis humanitaria y que España mantenga "las devoluciones en caliente" con la "Ley Mordaza".

Fernando Maura, de Ciudadanos, ha resaltado la importancia de que el Gobierno en funciones acuda a la cumbre europea con un mandato expreso del Parlamento. También comparte que "una verdadera oleada de críticas a nivel europeo y nacional" por parte de partidos y ONG ha acompañado esta declaración y ha llevado a los ejecutivos europeos, entre ellos el español, a variar el planteamiento a seguir en la UE.

Mientras, Marta Sorlí, de Compromís, ha defendido que hay que intentar dar una solución "mucho más concreta" y que respete los derechos humanos. Igualmente, ha destacado que el objetivo de los demandantes de asilo no es acceder a Europa sino quedarse en su país, a la vez que ha criticado que tras "un año de crisis" no se haya conseguido dar una solución "digna" a estas personas.

La diputada de ERC, Ana Surra, ha remarcado la importancia del acuerdo y de que exista una posición conjunta del Parlamento. Ha criticado que el preacuerdo de la UE que prevé doblar las ayudas a refugiados a Turquía prevé también acelerar su ingreso en la UE" cuando el país vulnera, en su opinión, los derechos humanos.

Por su parte, Jordi Xuclà, de Democracia y Libertad, rechaza el preacuerdo UE-Turquía y cree que hay que enfocar la respuesta europea ante la crisis. Ha alertado del posible tráfico y desaparición de menores en el conflicto. Además, se ha quejado de que la negociación sobre la posición del Gobierno alcanzada se haya hecho delante de las cámaras, si bien ha celebrado que se haya sentado "un precedente" al pactar la posición común que debe defender el Gobierno en funciones ante la cumbre europea.

Desde el PNV, el senador Jokin Bildarratz, ha celebrado el acuerdo alcanzado en la comisión después de que "el PP haya visto la opinión pública". A su juicio, el Gobierno "ha ido a remolque" en la gestión de esta crisis y la UE padece "un brusco declinar" en su espíritu frente a la "injusticia" que están sufriendo quienes buscan refugio. "A todos nos está produciendo perplejidad, dolor e impotencia", ha subrayado, criticando que España sólo haya acogido de momento a 18 personas frente al drama.

Finalmente, la 'popular' Concha Santa Ana ha ensalzado el acuerdo alcanzado y la necesidad de trabajar todas las formaciones juntas porque, según ha reconocido, "falta mucho" por hacer en política de asilo y refugio. También ha insistido en que no se firmó ningún acuerdo en Europa, sino que se trató de una "reunión informal", y ha remarcado que España no apoyará ninguna declaración europea que no respete el derecho internacional.