El Gobierno llevará la reforma de menores en una Proposición de Ley de maternidad que presentará en primavera

La iniciativa irá en la línea del plan presentado en Castilla-La Mancha por su presidenta y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, según han confirmado a Europa Press varias fuentes parlamentarias, quienes han explicado que el grupo lleva trabajando en esta "solución" después de que el informe del Consejo de Estado echara por tierra la posibilidad de realizar esta modificación a través del proyecto de ley de Infancia, que todavía no ha sido presentado en Consejo de Ministros.

MODIFICAR LA LEY DEL PACIENTE

En primer lugar, fuentes parlamentarias señalan que se ha decidido introducir la modificación en una proposición de ley del PP en el Congreso por cuestión de tiempo y forma, ya que hay elecciones en mayo, así como en noviembre. Daría tiempo y se tramitaría más rápidamente que a través de un proyecto de ley del presentado por el Ejecutivo.

Además, al ser una proposición de ley se evita la fase de consultas de los órganos preceptivos, y su tramitación en las Cortes es más rápida, pues sólo hay que esperar a que el Gobierno dé su visto bueno, para lo cual tiene un plazo máximo de 30 días que no siempre agota. Es la misma vía que el PP utilizó para cambiar la Justicia Universal y que el Gobierno y el PSOE barajan para el pacto antiyihadista.

La 'fórmula' para realizar el cambio de las menores sería en una proposición de ley de ayudas a la maternidad, y en uno de esos puntos se incluiría la reforma del artículo de la Ley de Autonomía del paciente de 2002, donde se regulan las interrupciones voluntarias del embarazo en jóvenes de 16 y 17 años.

En concreto, esta ley establece en su artículo 9 que cuando se trata de menores de edad "no incapaces ni incapacitados pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación", es decir, la autorización de padres o tutores, para las intervenciones médicas.

No obstante, el mismo precepto fija que "en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente".

Con todo, el legislador decidió concretar este asunto y en el decreto de desarrollo parcial de la Ley de Salud Sexual, aprobado en 2010, fijó que las jóvenes de 16 o 17 años tienen que prestar su consentimiento "acompañado de un documento que acredite el cumplimiento del requisito" de haber informado a uno de sus padres o tutores. El papel debe entregarlo personalmente y estando acompañada de su representante legal al personal sanitario del centro donde vaya a practicar el aborto.

En caso de que la joven alegue ese conflicto grave que le ha impedido informar, "el médico encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social".

SE BARAJA QUE SEA EN PRIMAVERA, AUNQUE HAY ELECCIONES

La fecha que se baraja depende en gran medida de las elecciones del 25 de mayo, aunque varias fuentes se decantan por la primavera, "o a más tardar en verano".

Eso sí, que sea antes o después de las elecciones no afectaría a la intención de voto de esos electores que se han quedado disgustados con la renuncia al proyecto de ley de Gallardón, según opinaron otras fuentes parlamentarias. "No se va a arreglar nada electoralmente. Por eso le están dando vueltas a si presentarlo antes de las autonómicas o no", añaden.

Otras fuentes parlamentarias indican que el objetivo de este plan es recuperar ese voto perdido del electorado, al mismo tiempo que advierten de que, si no tiene medidas "impactantes", al electorado le dará igual y seguirá sin querer volver a votar al PP.

Una diputada y un senador confiesan que, de llevarse a cabo sólo esta reforma de las menores en cuanto al aborto, no estarían dispuestos a votar ni a apoyar a su partido en esta proposición de ley de apoyo a la maternidad. Consideran que, de adoptarse esta fórmula, se va a "enmascar" o "disfrazar" con ayudas a las madres "la consolidación de la Ley Aído".

El PP incluyó este asunto en su recurso contra la normativa ante el Tribunal Constitucional y en el programa electoral con el que concurrió a las generales de 2011, en el que se comprometía a cambiar el modelo de la actual regulación "para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores".

MEDIDAS DE APOYO A LA MATERNIDAD

Por otro lado, y sobre el resto de medidas de esta proposición de ley de ayudas a la maternidad, otras fuentes cercanas al proceso aseguran que la iniciativa del PP irá "muy en la línea" del plan que Cospedal ha puesto en marcha en Castilla-La Mancha.

Precisamente, ella misma lo presentaba en la Convención del PP el pasado fin de semana, en el que defendió que en su comunidad autónoma "ninguna mujer se iba a ver obligada a tener un hijo si ella lo quería tener".

Ese plan está dotado con más de 45 millones de euros, para dos años, y de esta cantidad, el 30% se destina a ayudas a la madre. En concreto para aquellas que tengan una situación de especial dificultad. Podrán solicitarlo desde la semana 14 de gestación y hasta que el bebé cumpla dos años. Estas "becas mamá" están dotadas de 150 euros al mes.

Asimismo, se han diseñado programas especiales en el ámbito educativo para que las adolescentes no tengan que interrumpir su formación, se ha diseñado un plan de acceso a la vivienda, un programa de asesoramiento durante la gestación y después de dar a luz en todos los centros de salud y de mujer para que, "ninguna madre se sienta sola". En el ámbito laboral, se trabaja en medidas para premiar o sancionar a las empresas que no favorezcan la maternidad.