Gobierno vasco cree que Rajoy no tomará medidas pese a su rechazo a aplicar los recortes sanitarios

El Gobierno vasco reafirma su rechazo a aplicar el copago farmacéutico en función de la renta y a retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, tras lo que ha indicado que no cree que el Ejecutivo central adopte nuevas medidas contra su decisión. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha afirmado que, en ese caso, el Gabinete de Rajoy "tendría que actuar" contra otras comunidades que también han optado por mantener la asistencia a los extranjeros en situación irregular.

Bengoa, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha reconocido que el "morbo" por las diferencias en este asunto con la Administración central "seguirá", puesto que el 3 de octubre se celebrará un nuevo encuentro entre el Ministerio y las autonomías.

En su reunión de este martes, el Ejecutivo autonómico ha aprobado las alegaciones que presentará contra el auto del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto con el que se pretendía eludir la aplicación en Euskadi de la normativa estatal sobre el nuevo copago y el recorte de la sanidad para inmigrantes irregulares. Estas alegaciones se basan en los argumentos que vienen defendiendo el Gobierno vasco en los últimos meses.

A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, estos recortes sanitarios no se han puesto en marcha en Euskadi, una situación que, según ha afirmado el consejero de Sanidad, va a seguir manteniéndose. Las alegaciones al Constitucional se presentarán esta semana o, en todo caso, antes de que expire el plazo para ello, el día 28.

El alto tribunal dispone de un plazo de cinco meses --que empezó a correr en julio, aunque agosto no se tiene en cuenta por ser inhábil-- para adoptar una decisión definitiva sobre el decreto vasco.

De todas formas, Bengoa ha afirmado que no cree que el Ejecutivo central, que recurrió la normativa vasca ante el Constitucional, vaya a adoptar nuevas medidas ante la decisión del Gobierno autonómico de seguir sin aplicar estos recortes en Euskadi.

En su opinión, si el Gabinete de Mariano Rajoy emprendiera alguna medida contra el Gobierno vasco, también "tendría que actuar" contra comunidades como Galicia, Navarra o Cataluña, entre otras, que ya han anunciado que seguirán prestando atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

VICEPRESIDENTA

En opinión del consejero de Sanidad, las afirmaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soyara Sáenz de Santamaría, señalando que "las comunidades autónomas tienen libertad" para seguir atendiendo a estas personas, suponen un respaldo a la tesis del Gobierno vasco, basada en que garantizar una cobertura superior por parte de una autonomía determinada no vulnera la Constitución.

Precisamente, éste es el argumento central de las alegaciones que el Ejecutivo presentará ante el Tribunal Constitucional. En ellas, se indica que su decreto para evitar el nuevo sistema de copago y los recortes a la atención a extranjeros en situación irregular "respeta escrupulosamente" el artículo 149.16 de la Constitución Española.

El Gobierno autonómico subraya en su escrito que "es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la competencia estatal se configura en el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la comunidad autónoma en defensa del propio interés general la competencia asumida en su Estatuto", en este caso la sanidad.

"PRÁCTICA HABITUAL"

De esa forma, entiende que "nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse, sin discriminación de nadie, las prestaciones que el sistema nacional ofrece". Esta práctica, según indica, "ha venido siendo habitual y pacífica, declarándose respetuosa por el Tribunal Constitucional con el sistema competencial".

En las alegaciones se destaca también que la decisión del Gobierno vasco "en ningún caso pone en cuestión la sostenibilidad financiera" del sistema sanitario. En el caso de la población inmigrante, subraya que los datos avalan que utiliza los servicios sanitarios de forma "significativamente menor" a la de la población autóctona.

Bengoa ha aportado datos concretos para sustentar este argumento. Por ejemplo, ha explicado que el gasto farmacéutico de los ciudadanos nacionales es cinco veces superior al de los inmigrantes. También ha descartado que pueda producirse un "trasvase" de ciudadanos extranjeros irregulares para beneficiarse de la asistencia sanitaria en Euskadi, dado que, finalmente, otras comunidades autónomas han decidido mantener la cobertura de este colectivo.

En el caso del copago farmacéutico en función de la renta, ha insistido en que el Gobierno vasco compensará a los ciudadanos a los que se les haya aplicado el nuevo sistema durante su estancia en otras comunidades autónomas.