El Gobierno aprobará el viernes ampliar un año el plazo para judíos sefardíes adquieran la nacionalidad española

Desde que entró en vigor la ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes el 1 de octubre de 2015, un total de 6.230 sefardíes han obtenido el DNI español, de los cuales 1.708 lo han hecho a través del nuevo procedimiento establecido por la ley y el resto, por Real Decreto.

Así lo ha indicado este lunes 5 de marzo la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, durante la Comisión de Justicia en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador de EH Bildu Jon Iñarritu.

La secretaria de Estado ha indicado que la prórroga "parece que va a tomar forma" en el próximo Consejo de Ministros. Fuentes de Justicia han precisado en primer lugar que "se está estudiando" y que se aprobará en próximos Consejos de Ministros aunque no está confirmado si será de forma inminente. Posteriormente, han confirmado que será previsiblemente este viernes 9 de marzo cuando se apruebe la ampliación.

En concreto, el Ministerio de Justicia ha recibido un total de 4.111 solicitudes de nacionalidad de sefardíes con acta notarial, a 31 de diciembre de 2017, de las cuales, en 2016 y 2017 han prosperado 1.708. A estos hay que sumar los 4.302 que la obtuvieron por el Real Decreto de 2 de octubre de 2015 y los 220 a los que se les otorgó por el Real Decreto de 5 de agosto de 2016, cuyos expedientes estaban en distintas fases de tramitación cuando entró en vigor la norma.

Por nacionalidad de origen, en 2016 la mayoría de solicitantes de la nacionalidad española eran de Israel (96), Venezuela (75) y Colombia (60). Mientras, en el año 2017, los tres primeros puestos los ocuparon solicitantes de nacionalidad venezolana (254), israelí (202) y mexicana (146).

Atendiendo a la franja de edad, en 2016 los solicitantes de entre 18 y 44 años procedían en su mayoría de Israel (40), de Venezuela (36) y de Brasil (22). En 2017, las nacionalidades predominantes fueron Venezuela (113), Israel (75) y México (71).

"CARRERA DE OBSTÁCULOS"

El senador Iñarritu ha calificado como "un paso importante" que se haya recibido la solicitud de más de 4.000 sefardíes pero ha denunciado que el procedimiento para obtener la nacionalidad es "una carrera de obstáculos" para ellos. En este sentido, ha recordado que hace tres años se hablaba de hasta 500.000 sefardíes que podrían beneficiarse de esta ley, por lo que 4.000 solicitudes quedan, a su juicio, en una cifra "algo simbólica".

La secretaria de Estado de Justicia ha reconocido que es una ley que ha tenido "una factura técnica complicada por la dispersión de los solicitantes a lo largo de todo el mundo" pero ha defendido que los resultados son "elocuentes".

Por su parte, Iñarritu ha pedido que se amplíe el plazo de la ley "de forma permanente" para que "dé tiempo a las numerosas personas" que tienen derecho adquirir la nacionalidad; y que se implique más a la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

PLAZO INICIAL DE TRES AÑOS

El texto establece que los interesados debían formalizar su solicitud en el plazo de tres años desde la entrada en vigor, es decir, hasta el 1 de octubre de 2018. Si bien, incluye la posibilidad de que por acuerdo de Consejo de Ministros se prorrogue este plazo un año, es decir, hasta 2019.

La secretaria de Estado ha respondido que la posibilidad de eliminar el plazo de la ley requeriría una medida de modificación de rango legal. Además, ha indicado que el Gobierno mostró una "gran sensibilidad" con los sefardíes al incluir en la ley la posibilidad de establecer una prórroga de un año que, según ha indicado, "parece que va a tomar forma" en el próximo Consejo de Ministros. Asimismo, ha recordado que la ley también prevé la posibilidad de ampliar el plazo por razones excepcionales y humanitarias.

Iñarritu también ha manifestado su "sorpresa" por el país de origen de la mayor parte de solicitantes. "Destaca que la mayor parte de solicitudes no proceda de estados donde hay unas comunidades sefardíes más importantes, sino que tenga que ver con la prosperidad de un país o la situación política", ha indicado, en referencia al dato de los solicitantes de Venezuela donde, según ha precisado, la comunidad sefardí es "pequeña".

Sobre este punto, Sánchez-Cortés ha discrepado pues, a su jucio, la ley no se focaliza en comunidades sefardíes localizadas en zonas geográficas donde residen "solicitantes más acaudalados". Para la secretaria de Estado, la tasa que los solicitantes deben pagar durante el procedimiento para obtener la nacionalidad, que asciende a 100 euros, "no es excesiva y está al alcance de todos los solicitantes".

CONSULADO DE ESTAMBUL

En cuanto a los que obtuvieron la nacionalidad en virtud del real decreto 893/2015 de 2 de octubre de 2015, se trata de un total de 4.032 beneficiarios. De ellos, 2.500, sin contar menores dependientes, tramitaron su solicitud en el consulado español en Estambul.

Así lo expuso recientemente el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, en la Comisión de Exteriores del Senado. Este fue el consulado con más tarea en este ámbito en 2015, y desde entonces ha inscrito a un total de 2.800 personas, incluidos menores, como nacionales españoles.

Según dijo, este consulado naturaliza a una media de ocho personas diarias y tiene previsto terminar a mediados de 2018 todos los trámites pendientes de concesión de nacionalidad a sefardíes en su demarcación. En esta tarea trabaja todo el personal del consulado: un cónsul, un canciller, cuatro jefes de visados, siete auxiliares y un subalterno.

El secretario de Estado reconoció que en estos momentos el plazo de los trámites en este consulado asciende a dos años, pero lo justificó en que primero se han inscrito las peticiones más antiguas y apuntó que cuando termine el proceso la media estadística bajará a un año.

El Gobierno ha indicado por escrito a preguntas de parlamentarios que no tiene ninguna constancia de "colapso" en este consulado o en otros. "Nos gustaría poder atender las peticiones con mayor celeridad, pero no es un problema del consulado en Estambul", afirmó Castro ante los senadores. Lo que sucede, a su modo de ver, es que al ser una legislación "amistosa y abierta" y con plazos reducidos "eso a veces produce ciertas saturaciones en los registros civiles".