El actual Gobierno cántabro no ha autorizado ningún permiso de investigación sobre 'fracking', según Arasti

El actual Ejecutivo regional (PP) ha aclarado este lunes que el Gobierno del Partido Popular no ha concedido ningún permiso de investigación sobre 'fracking' o fractura hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo del subsuelo y ha señalado que los que hay fueron otorgados por regionalistas y socialistas.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que en Cantabria existen cinco permisos de investigación, cuatro aprobados durante el mandato del PSOE en el Gobierno central y uno aprobado por el Gobierno de coalición PRC-PSOE, denominado 'Arquetu'.

Según ha explicado, este único permiso de investigación de hidrocarburos fue otorgado en abril de 2011 a la empresa Trofagás Hidrocarburos y posibilita la búsqueda de gas natural mediante fracking en nueve municipios de la zona Saja-Nansa.

En cuanto al resto de permisos otorgados en la región, que, según ha señalado, implican a otras comunidades autónomas además de Cantabria, han sido otorgados por el Ministerio de Industria en la legislatura anterior, en base a la ley estatal del Sector de Hidrocarburos.

En concreto, se trata de los proyectos Angosto-I, Bezana, Bigüenzo, Luena y Usapal.

Por ello, el actual Gobierno autonómico del PP ha aclarado que todos los permisos de investigación para valorar la existencia de gas en el subsuelo de Cantabria han sido otorgados por los gobiernos socialistas y regionalistas.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha señalado que "todos los trabajos deberán estar sometidos a la legislación ambiental preceptiva, y deberán obtener las licencias municipales de los ayuntamientos afectados, en su caso".

Asimismo, ha subrayado que "en ningún espacio protegido se podrá llevar a cabo trabajo alguno".

El Ejecutivo regional ha recordado que, además de los permisos existentes para su próxima aplicación en Cantabria, el anterior Gobierno de la nación aprobó extracciones con esta técnica en las comunidades del País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Andalucía.