El Gobierno catalán cobrará 35 euros por cada informe de extranjería que elabore

Bosch ha justificado esta tasa porque la mayoría de trámites administrativos tienen pagos asociados de este tipo, y ha asegurado que los ingresos derivados de la tasa servirán para cubrir el coste que tiene para la Generalitat la elaboración de estos informes y que se utilizará también "para mejorar el servicio".

Teniendo en cuenta que el Govern ha realizado en los dos últimos años casi 60.000 informes de extranjería, el cobro de la tasa, que se sumará al que ya reclaman actualmente los ayuntamientos, podría comportar unos ingresos cercanos al millón de euros anual.

Estos 60.000 informes se han realizado entre mayo de 2013 y julio de 2011, cuando entró en vigor la última reforma de la ley de extranjería que otorgó nuevas competencias en este ámbito a las comunidades autónomas, de entre las que Cataluña fue la primera en asumir la acreditación.

De este modo, a pesar de que las competencias de otorgar el permiso de residencia y las eventuales expulsiones pertenecen al Estado, la Generalitat elabora los informes sobre el grado de integración para acceder al arraigo social, el esfuerzo de integración para renovar la residencia temporal y la adecuación de la vivienda para poder solicitar la reagrupación familiar, previo trámite realizado por cada municipio.

En concreto, de las 59.700 peticiones recibidas por la Dirección General de Inmigración se han resuelto 55.000, y de éstas han sido favorables 50.600 y negativas 4.100, ha destacado Bosch.

Del total de informes, 30.100 han sido por arraigo, 18.200 por reagrupación, 5.800 de renovación de la reagrupación y 1.000 de renovación de la residencia temporal, y la mayoría de estos han sido transmitidos por los ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet y Mataró (Barcelona).

TASAS DISTINTAS

Bosch, que ha reconocido que algunos ayuntamientos cobran tasas para elaborar el informe inicial, y que éstas son diferentes en función del municipio, ha justificado que la Generalitat no pague por este servicio realizado por la falta de fondos que aporta el Estado.

"A los ayuntamientos no les aportamos recursos, como tampoco los recibimos del Estado", ha dicho, si bien ha apuntado que las ayudas de la Generalitat para integración --pasaron de 8 millones de euros a 4 millones en 2012 por la eliminación de las ayudas estatales-- se utilizan de forma indirecta en la elaboración de los informes, ya que corren a cargo de técnicos y mediadores que cobran gracias a los respectivos contratos programa.

Bosch ha asegurado también que, a pesar de lo que considera incumplimientos por parte del Estado, la Generalitat trabaja codo con codo con los órganos de extranjería y la relación es "correcta, profesional y fluida".