La decisión, adoptada en el Consell Executiu este martes, se refiere específicamente a diversos apartados del artículo 1 de la ley y a tres disposiciones adicionales, entre ellas la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas y de la superficie máxima de bienes de dominio público portuario que se pueden destinar a comercio y restauración.
La nueva ley permite también al Gobierno suspender acuerdos municipales que afecten al dominio público costero y modifica aspectos que tienen que ver con las competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña en lo referente a puertos, ha precisado la Generalitat en un comunicado.
