El Gobierno estima que generalizar la escuela pública supondría un coste superior a 40.000 millones de euros

Así lo pone de manifiesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su veto a la Proposición de Ley Orgánica de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para la regulación del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos. El Gobierno hace un cálculo de la integración de todos los centros porque no puede estimar cuántos se adherirían voluntariamente a la propuesta.

La Mesa del Congreso ha aceptado, con el apoyo de PP y Ciudadanos, los argumentos del Gobierno, por lo que la tramitación de la iniciativa queda paralizada.

Concretamente, el Ejecutivo calcula un coste de más de 33.146 millones de euros en la construcción y equipamiento de centros educativos públicos -que podría ser menor si los centros afectados facilitan sus instalaciones- y un incremento anual estimado de gasto de 7.551 millones de euros consecuencia del traspaso de los alumnos de la enseñanza privada a la pública.

El ministerio estima en su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, un coste directo para su departamento de más de 100 millones de euros, por los efectos de esta medida en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas sobre la que tiene competencia directa.

"Eso sin tener en cuenta que propone que si las administraciones educativas lo necesitan el Gobierno tiene la obligación deayudar económicamente", por lo podría tener que hacerse cargo del coste total de la propuesta, que supera los 40.000 millones de euros", asegura para añadir que el Ministerio no dispone de crédito para afrontar tal incremento de gasto.

En definitiva, el Gobierno concluye que una iniciativa como la propuesta, en que se demora al siguiente ejercicio presupuestario la entrada en vigor de preceptos que suponen aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios, condiciona al Gobierno en laelaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por ello, el Ejecutivo señala que la tramitación de la propuesta sin contar con su conformidad supone, además de una vulneración del principio constitucional de estabilidad presupuestaria, la invasión de su competencia exclusiva para la iniciativa legislativa y la vulneraciónde los principios de unidad e integridad presupuestaria.