Gobierno estima que la horquilla de indemnizaciones en Parques Nacionales va de los 50 a los 320 millones de euros

En un encuentro con periodistas tras la aprobación definitiva de la Ley de Parques Nacionales este jueves en el Congreso de los Diputados, Ramos ha dicho que la cifra no es definitiva y que puede variar en función del número de propietarios que no lleguen a acuerdos voluntarios y opten por ser expropiados. "El objetivo de los acuerdos voluntarios es evitar un desembolso al Estado", ha admitido.

Así, ha afirmado que la nueva ley, a la que ha definido como "eminentemente conservacionista", pretende poner fin a la situación derivada de la Ley de 2007, que dio una prórroga de diez años a los titulares de derechos de caza, pesca, tala u otras actividades que son incompatibles en los Parques Nacionales de acuerdo tanto con la norma de entonces, como con la recién aprobada.

"El problema del plazo está ahí porque la Ley de 2007 no lo quiso resolver. No es un problema de María Dolores de Cospedal --en alusión a las acusaciones en el Parlamento de que la enmienda 278 estaba dictada por esta--. Nuestra ley da más plazo y algo más de margen presupuestario", ha aseverado Ramos que no entiende una crítica "tan dura y sanguinaria".

El secretario de Estado ha lamentado también las "críticas" que ha suscitado el texto normativo tras la introducción de esta enmienda en el Senado que prórroga de nuevo las actividades incompatibles como la caza, la pesca o la tala en estos enclaves declarados de "interés general" y ha afirmado que se deben a cuestiones de interés político.

Ramos ha defendido el papel de los propietarios como los que "tradicionalmente" han cuidado los parques incluso frente a planes estatales y, por eso, no los ven como "enemigos". Según las exploraciones que han hecho con algunos de ellos para llegar a futuros acuerdos cree que tienen "voluntad" y que "hay posibilidades".

Sin embargo, ha reiterado que desde 2007 no se ha avanzado en ese sentido de acuerdos o expropiaciones y, "ahora mismo es complicado sacar dinero público para pagar derechos cinegéticos". El presupuesto del Organismo Autónomo Parques Nacionales para 2015 es de 46 millones de euros.

En este sentido ha lamentado que algunas organizaciones ambientales que ahora critican la ley y piden un plan para zanjar los derechos porque no hicieron lo mismo cuando se aprobó la ley de hace siete años con una prórroga de diez años "cuando había dinero".

En estos seis años hasta 2020, ha avanzado también que el Gobierno aspira a hacer un plan financiero para resolver esta cuestión con el objetivo de no llegar al próximo plazo y estar en la misma situación. "Damos algo más de plazo porque nos parece que tres años es un plazo moderado a la vista de las condiciones presupuestarias que no han permitido avanzar mucho", ha indicado.

Ramos ha subrayado que con esta ley el Estado transmite que preocupa por los Parques Nacionales, que no van a abandonar la red de parques y quiere que un gallego se sienta orgulloso de Doñana y un catalán de Cabañeros.

CAZA PROHIBIDA, GESTIÓN PERMITIDA

En la actualidad, la caza existe en los parques nacionales de Cabañeros, Guadarrama, Picos de Europa, Sierra Nevada y se hace control de poblaciones en Monfragüe.

Ahondando en los acuerdos que debe promover la administración, según la ley, el secretario de Estado ha recordado que la Ley prohíbe expresamente la caza y la pesca deportiva y comercial y la tala con fines comerciales pero "no prohíbe la gestión de poblaciones", que es "necesaria".

En esta línea, ha dicho que los propietarios deberán adecuarse a la nueva situación y ha dejado entrever que esta podría ser "una manera" admitida en los acuerdos voluntarios.

DEFENSA DE LA NORMA

El secretario de Estado ha defendido que la ley aprobada aúna toda la normativa "dispersa"; dota al Estado de mayores fórmulas para coordinar y gestionar los parques Nacionales entre sí y con la Red de Parques; refuerza la Marca España Parques Nacionales; busca "aliados" en el medio rural; amplía hacia el mar los límites de parques terrestres y refuerza la participación de los municipios. "Esta ley no destroza, sino que mejora cuestiones puntuales de la de 2007. Da un paso más", ha apostillado.

Ramos opina que es "una pena" la falta de consenso en la tramitación parlamentaria y su aprobación con el rechazo de la oposición y lamenta que el debate político haya oscurecido la norma.

Finalmente, en el encuentro con medios, ha querido "restablecer el honor" del director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, tras las peticiones de dimisión planteadas en ambas Cámaras durante la tramitación parlamentaria de la ley.

A su juicio, "no tiene sentido" ni "más interés que la demagogia" exigir el cese del responsable de parques por un texto legislativo presentado por el Gobierno para subsanar los fallos de la anterior ley. "No nos parece tolerable", ha puntualizado.