El Gobierno presentará en breve reformas para mejorar la accesibilidad arquitectónica y electoral de los discapacitados

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado que el Gobierno presentará "muy prontito" una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, cuyo objetivo sea romper las barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad a las personas con discapacidad, un trabajo en el que están coordinados el Ministerio de Fomento y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Durante su comparecencia, la 'popular' ha recordado también que el Ejecutivo está trabajando en una reforma de la LOREG para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a voto; en concreto los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad. También ha prometido que "próximamente" llegará al Consejo de Ministros el Plan integral de apoyo a las familias, así como "distintas leyes dirigidas a las familias".

Frente a las críticas de la oposición de que el Gobierno está "dejando morir de inanición" el sistema de dependencia, Camarero ha dicho que éste está "más vivo que nunca" y ha defendido que las modificaciones del sistema están permitiendo que hoy "sea más justo y solidario".

SISTEMA DE DEPENDENCIA

"El sistema de Dependencia estaba colapsado, funcionaba de forma desigual desordenada y poco transparente y había más de 5.000 personas en listas de espera. Estaba en una situación inviable, enfermo, y lo hemos tenido que recuperar", ha detallado, al mismo tiempo que ha señalado sobre el copago en la materia que el Ejecutivo está de acuerdo en estudiar la ley y ver qué cosas se pueden mejorar.

Sobre la educación y la discapacidad, Camarero ha indicado que se ha conseguido que más del 80% de estudiantes con discapacidad estén integrados en las escuelas. "España es el país en el que más personas con discapacidad están integradas en la escuela y queremos que sea el 100% pero se ha evolucionado durante los últimos años y además también el 1% de estudiantes universitarios tiene discapacidad", ha añadido.

AUMENTAN LOS EMPLEOS EN DISCAPACIDAD

Además, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha celebrado que en 2014 aumentaran un 19,1% los contratos suscritos con las personas con discapacidad con respecto al año anterior, de forma que se consiguieron 82.977 contratos, frente a los 69.648 de 2013.

"Esa importante tendencia de crecimiento constante nos lleva a que si se comparan los datos de 2014 a 2012 el incremento se sitúa en el 30% y en cerca del 18% respecto al empleo ordinario. Vamos mejor que íbamos pero queda mucho por hacer y para eso estamos trabajando, para mejorar el acceso y permanencia en el empleo de las personas con discapacidad", ha valorado.

En este contexto, ha detallado que, de estos 82.977 contratos nuevos, 59.559 corresponden a centros especiales de empleo, y 23.418 a empleo ordinario. "Con el empleo sólo así lograremos su plena autonomía personal y laboral", ha indicado.

Además, ha destacado que la reforma fiscal ofrece medidas de "gran relevancia" para las personas con discapacidad y para sus familias, como el aumento de los mínimos de aplicación de nuevas deducciones por tener un ascendiente o descendiente con discapacidad y hasta 1.200 euros al año por cada una de estas personas, cuantía que, si así se solicita, se puede convertir en una recepción anticipada de unos 100 euros al mes.

En este sentido, ha subrayado que Hacienda ha recibido más de 90.000 solicitudes para cobrar por adelantado las ayudas fiscales para familias con hijos dependientes o con discapacidad.

UNA SITUACIÓN DE PARTIDA DIFÍCIL

"La situación de partida de esta legislatura no hacía fácil abordar y hacer realidad los retos para los 3,9 millones de españoles en discapacidad, que se enfrentaban al grave riesgo de caer en la invisibilidad, tras la derogación medidas estatales del fomento del empleo, y las deudas pendientes de pago de las entidades del tercer sector que dificultaban su continuidad, así como la dispersión normativa alejada de la Convención de la ONU de Discapacidad", ha relatado.

Además, ha recordado que se han emprendido medidas de fomento del empleo y saneamiento del tercer sector, y se han destinado 3.000 millones de euros al pago de facturas pendientes dentro del sistema de pago a proveedores".

Según ha detallado, estas organizaciones son 30.000 en España y representan el 2% del PIB nacional. "Para cubrir las lagunas en cuanto a su papel legal y jurídico", Camarero ha defendido que el Gobierno ha trabajado en la puesta en marcha de la Ley del Tercer Sector, aprobada en Consejo de Ministros a finales de enero, y que establece como novedad un marco regulatorio común a escala nacional, reconoce a estas organizaciones como entidades colaboradoras de las administraciones públicas y da una visibilidad al sector "que no encontraba precedentes".

En este contexto, ha apuntado también a la aprobación de la Ley del Voluntariado, ahora en fase de anteproyecto, y una norma pensada para los más de seis millones de personas voluntarias en España.

También ha indicado el pasado 3 de diciembre se aprobó la ley General de las personas con Discapacidad, así como el Plan de Acción 2014-2016 el pasado mes de septiembre, que cuenta con 3.093 millones para los próximos tres ejercicios.

DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Camarero ha lamentado que el 59,8% de las personas con discapacidad son mujeres y niñas, que en la práctica sufren una doble discriminación por ser mujer y por tener una discapacidad. "Un binomio perfecto para la marginación y el olvido. Aquí se agravan los casos de violencia de género y antes se desconocían las cifras", ha celebrado.

Casi el 10% de mujeres asesinadas en 2013 víctimas de violencia de género tenían discapacidad, que se eleva al 13% en 2012, y que se reduce y estamos contentos por ello al 5,66% en 2014. En 2014 hubo tres mujeres con discapcacidad entre las 53 víctimas mortales, mientras que 2013 fueron 5 de las 54 víctimas y en 2012, siete de las 52.

"Las mujeres con discapacidad tienen una mayor dependencia de los agresores porque muchas de ellas nunca han podido acceder al mercado laboral y no son independientes económicamente y tienen miedo a perder cuidados de su pareja, y porque carecen del conocimiento sobre los servicios e instrumentos a su alcance para superar estas situaciones", ha detallado.