El Gobierno veta una ley balear para prohibir prospecciones en el Mediterráneo por reducir los ingresos en 4,7 millones

Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento balear sobre la protección del Mediterráneo de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

En su escrito de disconformidad, el Gobierno comienza señalando que la iniciativa provocaría una disminución de los ingresos de 4,7 millones de euros, procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente estas actividad, que dejaría de ingresarse, y que implicaría un aumento .

Este Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, según señala el Ejecutivo, grava el valor de los productos de dominio público --gas, petróleo y condensados-- extraídos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos.

"La base imponible del impuesto está constituida por el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados", apunta el Gobierno en el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

CANON QUE SE DEJARÍA DE COBRAR

Concretamente, la norma establece un canon por la perforación de sondeos de investigación o explotación de acuerdo con la tarifa tercera, que es de 600.000 euros por sondeo, y por campaña sísmica, realizada a razón de, respectivamente, 0,3 euros el metro a 0,0003 euros el metro cuadrado.

"Atendiendo a los proyectos actualmente existentes en el área, la aprobación de la proposición de ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas tercera --perforación de sondeos en permisos de investigación yconcesiones de explotación-- y cuarta --adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación-- del canon de superficie", apunta.

Pero este no es el único argumento del Ejecutivo para vetar este propuesta ya que, según señala, su aprobación también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones de euros.

Y OTROS 164 MILLONES PARA COMPENSAR A EMPRESAS

Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área otorgada.

"La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos", apunta el Gobierno.

Así, señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio medio del barril de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.