El Gobierno uruguayo abrió una nueva vía para sortear la Ley de Caducidad

Mujica, de la coalición de izquierda Frente Amplio, anuló una decisión de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) del Partido Colorado, lo que permitirá reabrir el caso del militante comunista Álvaro Balbi muerto por tortura y en calabozos de la dictadura (1973-1985).

El presidente dio la razón a la familia de Balbi que recientemente presentó un recurso administrativo frente a la Presidencia pidiendo que se revocara la decisión de incluir el caso en la Ley de Caducidad.

"No salgo de mi asombro por la rápida decisión presidencial", dijo hoy a Efe, Lille Carusso, viuda de Balbi.

Y agregó "estoy muy satisfecha por la decisión que es el resultado de muchos años de lucha y dedicación".

Carusso dijo que a su abogado aún no se le comunicó la disposición de la Presidencia pero estimó que se hará "en las próximas horas o días".

"Ahora comenzaremos frente la Justicia otro tiempo de pelea con la presentación de pruebas y testigos", agregó la viuda de Balbi que previó una etapa que "también será difícil por el tiempo transcurrido y el temor de alguna gente".

Sin embargo, estimó que la casi segura anulación de la Ley de Caducidad por parte del Parlamento "nos va a ayudar" en el tema del juicio.

Un decreto suscrito el jueves por Mujica permitirá reabrir la causa por la muerte de Balbi, que por decisión de Sanguinetti, quedó sujeta a la ley que dejó sin juicio los crímenes de la dictadura, conocida como Ley de Caducidad, a punto de ser anulada por el Parlamento.

"No le cierra a nadie que por ley no se puede (eludir la Ley de Caducidad) y por decreto sí. Nos hubieran dicho antes, es un absurdo tan monumental que no resiste el menor análisis, no ya jurídico sino lógico", afirmó Sanguinetti en declaraciones a medios locales en referencia a la decisión presidencial.

La firma del decreto se interpreta como una manera por parte de Mujica de sortear el plan de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA) para anular la Ley de Caducidad en el Parlamento, una iniciativa que ha recibido críticas no solo por motivos políticos sino también por razones jurídicas y constitucionales pues esa ley fue refrendada dos veces por los uruguayos en plebiscitos realizados en los años 1989 y 2000.

El FA, que tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento, impulsó un proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad que tiene por objetivo dejarla sin efecto y abrir a puerta a decenas de juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.

El proyecto ya fue aprobado por diputados y senadores pero volvió a los primeros, que tienen previsto votarlo el 19 de mayo, debido a modificaciones menores en el Senado.

Mujica se reunió por sorpresa la pasada semana con los diputados oficialistas y les alertó de que si se aprueba la ley interpretativa el FA tendrá que pagar un coste político.

El presidente no cree conveniente ir contra la voluntad popular expresada en los plebiscitos pero ha anunciado que no vetará la anulación si es aprobada en el Parlamento.

"No es bueno que las reglas grandes de la democracia pasen a ser asunto de la aristocracia intelectual, no es bueno que se le diga al pueblo que no entiende cuando vota, que se le consultó por equivocación porque en realidad no tenía derecho a decidir nada", afirmó Mujica el jueves en una audición radial.

Sanguinetti, abogado de profesión, consideró que los plebiscitos de 1989 y 200 "son definitivos", porque en la estructura institucional de Uruguay "el cuerpo electoral es el órgano máximo, está por encima de los otros tres poderes".