El Govern negocia la compensación económica por prohibir las corridas de toros

"La Generalitat ha abierto un procedimiento de responsabilidad. Se ha empezado a ver a los interesados, se les está escuchando y se ha recibido información para determinar si existe un daño" por la prohibición, han precisado a Europa Press fuentes del ejecutivo catalán.

Las mismas fuentes han señalado que los afectados por la prohibición, entre ellos los propietarios de La Monumental de Barcelona, entregaron a finales de febrero su "primera petición de estudio de indemnizaciones", por lo que el acuerdo no se alcanzará antes de septiembre.

La ley catalana recoge que el proceso negociador puede prolongarse durante seis meses "con audiencia a los interesados", aunque la tramitación del expediente podría posponerse más allá en caso de que el Govern solicite información adicional.

La negociación pretende determinar si existe una "lesión de derechos subjetivos" que emanen de la prohibición, un extremo que el Govern no ha confirmado, a la espera de determinar primero si se pueden acreditar los supuestos daños.

Fuentes del Grupo Balañá, propietario del último coso taurino que permanecía operativo en Cataluña cuando entró en vigor la prohibición, han declinado hacer ningún comentario al respecto.

PAGAR A PARTIR DE 2013

La ley especifica que los efectos económicos de la prohibición se pueden trasladar al presupuesto de 2013 o "a lo que se derive del expediente de indemnización tramitado", tal y como recordó en noviembre el conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.

Ninguna de las dos partes ha especificado qué cantidad considerarían adecuada, aunque el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, sostuvo que las indemnizaciones se situarían en miles de euros y que elevarlo a millones era una "auténtica barbaridad", en línea con lo expresado por el portavoz del Govern, Francesc Homs.

Un estudio patrocinado por entidades taurinas, por su parte, fijó la compensación entre 300 y 500 millones de euros, teniendo en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, y tomando como base las 111.000 entradas vendidas en 2007 a una media de 40 euros cada una.

Paralelamente, entidades taurinas han presentado más de medio millón de firmas en el Congreso de los Diputados para tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) en favor de que estos festejos sean declarados bien de interés cultural, mientras que el PP ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) la prohibición catalana para determinar su legalidad.