La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo revisará la condena a España por devoluciones sumarias en la valla de Melilla

Se trata del caso de N.D. y N.T., dos jóvenes de Malí y Costa de Marfil, respectivamente, que el 13 de agosto de 2014 saltaron la valla de Melilla, fueron interceptados por la Guardia Civil y entregados sobre la marcha a Marruecos contra su voluntad y sin que mediase expediente administrativo o resolución judicial.

El pasado 3 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que España vulneró con este procecer, conocido como "devolución en caliente", el derecho de ambos migrantes a un recurso judicial efectivo así como incurrió en una expulsión colectiva prohibida expresamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El pronunciamiento, que impuso la obligación del Estado de indemnizar a cada uno de los afectados con 5.000 euros, no era firme hasta pasados tres meses, plazo que se daba a las partes para solicitar que la Gran Sala del Tribunal, integrada por 17 jueces, revisara el caso.

El Gobierno de España presentó su recurso en plazo y un panel de cinco magistrados lo estudió este lunes 29 de enero, cuando decidió remitir el caso a la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, que deberá así de nuevo revisar todas las circunstancias concurrentes y volver a pronunciarse.

Es poco frecuente que se remitan casos a la Gran Sala, ya que desde que en noviembre de 1998 entró en vigor el protocolo que regula este sistema, el panel de jueces ha examinado 2.129 solicitudes de remisión y sólo ha aceptado el 5,16%. De esos 110 casos admitidos, 59 fueron instados por gobiernos, 44 por particulares y siete por ambas partes, de acuerdo a los datos del Tribunal de Estrasburgo.

Son así, "casos excepcionales", conforme los describe el TEDH y que pueden darse cuando concurren circunstancias como que la sentencia previa no sea coherente con el resto de la jurisprudencia del tribunal, cuando se plantea la oportunidad de desarrollar, clarificar o establecer determinada jurisprudencia, o de casos de "perfil alto", es decir, con serias implicaciones para el Estado concernido o para el conjunto de la UE.

En esta ocasión, el panel de jueces analizaba ocho recursos, siete fueron rechazados y el de España, admitido para su estudio en la Gran Sala.