Griñán preside la firma de un protocolo ante la violencia de género que implica de manera pionera a los agentes sociales

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha presidido este lunes en San Telmo la firma del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, que, de manera pionera en España, incorpora por primera vez a los agentes sociales (sindicatos y empresas) en un procedimiento institucional para la prevención y actuación frente a la violencia de género, e incluye como víctimas directas del maltrato a los hijos de mujeres víctimas.

Se trata de las dos principales novedades de un acuerdo que cuenta con la firma de siete consejerías implicadas (Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Educación; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda y Salud y Bienestar Social), además de la delegación del Gobierno central en Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos mayoritarios, UGT-A y CCOO-A.

El acuerdo, que renueva el procedimiento de coordinación creado en 1998 y actualizado en 2004 (tras la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género), tiene como objetivo mejorar la atención (social, sanitaria, policial, judicial, etcétera) a la víctima, evitándole demasiados pasos por el sistema o repeticiones del relato de su situación (lo que contribuye a la victimización secundaria), así como mejorar la atención a menores hijos de víctimas, que son también víctimas directas de violencia de género.

El objeto, por tanto, de este acuerdo es vertebrar y cohesionar las políticas públicas, institucionales y organizativas en materia de igualdad.

Entre las principales novedades, el acuerdo incorpora el compromiso de incluir a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de dicha violencia, para su correcta inclusión en las estadísticas, y, en consecuencia, el incremento de las medidas de protección y atención.

Y, aunque la principal novedad son los menores, también incluye la creación de un Sistema de Información Coordinado de Actuaciones que funcione como un circuito o itinerario que organice la actuación institucional para hacer más eficaz la intervención. Para ello, se elaborará un Plan Individual de Actuación que determine las necesidades concretas de las víctimas: mujer y menores a su cargo y tome las decisiones más adecuadas: qué hacer, cómo llevar a cabo las actuaciones y qué institución tiene competencia para realizarlo.

Junto a ello, destaca la inclusión del ámbito sociolaboral en las competencias de prevención y detección de la violencia de género, lo que supone que los agentes sociales participarán en la elaboración y aplicación de protocolos de actuación ante casos de violencia de género que se puedan detectar desde el propio ámbito laboral. Este paso supone una implicación social pionera, ya que incorpora a las empresas, sindicatos y personas trabajadoras en la ayuda directa a la víctima, más allá del ámbito personal de la misma.

Otra novedad es la incorporación de la Consejería de Educación al procedimiento institucional, lo que permitirá que desde el ámbito escolar se detecte, a través de los menores, la existencia de casos de violencia de género, y se pueda actuar bajo un protocolo coordinado.

El acuerdo también incorpora el compromiso de elaborar un Protocolo Marco de Coordinación y Cooperación Institucional, que aunará todos los protocolos existentes, y que permitirá crear un modelo de Sistema de Información Coordinado de Actuaciones, una especie de "circuito marco" que facilite y organice el paso de la mujer de un ámbito a otro. Asimismo, se creará un Plan Individual de Actuación que determine qué se debe hacer para ayudar a la víctima de violencia de género, en qué momento y quién tiene competencias para realizarlo.

El acuerdo contempla finalmente la creación de una Comisión de Seguimiento, que elaborará el citado protocolo marco y el plan individual, además de evaluar resultados y proponer medidas correctoras.