El Grupo Socialista pide la dimisión del presidente de la Diputación de Salamanca por el caso de los contratos "menores"

El diputado socialista les ha criticado que "no asuman su responsabilidad" después de que un informe interno, que está en manos de la Fiscalía, alertase al equipo de Gobierno de que un volumen alto de contratos negociados y sin publicidad podrían haberse otorgado a las cinco empresas de manera interesada.

Así lo ha remarcado Isidro Rodríguez en un pleno en el que también ha pedido que se cree una comisión informativa especial que "tenga por objeto la investigación, estudio, informe y conocimiento de los contratos de suministros, servicios y obras de la Diputación".

Esta petición para crear la comisión ha sido desestimada por el Grupo Popular, porque, según Carlos García Sierra, este paso "ya se ha dado" con la convocatoria de la Comisión Informativa de Contratación, que es "la más adecuada" y "donde se debe tratar" este asunto.

Isidro Rodríguez ha señalado que esta comisión ordinaria es "absolutamente insuficiente" para abordar estas "anomalías" y que "han rechazado un instrumento de mínimos para poder conseguir la transparencia", "no se resuelve haciendo borrón y cuenta nueva".

Por este motivo, el portavoz del Grupo Socialista ha anunciado que su formación pedirá la convocatoria de un pleno extraordinario "dedicado íntegramente a este asunto", y para el que pedirán que se desarrolle "sin remuneración alguna" para los diputados.

El portavoz del Grupo Popular ha insistido durante su intervención que ha sido su grupo el que ha llevado el asunto a la Fiscalía, a la que ha entregado la "información reservada" que se realizó desde la institución para esclarecer este asunto y por el que dos trabajadores de la casa han sido apartados de sus funciones.

Respecto a la acusación desde la bancada socialista de su responsabilidad como máximo responsable del área de Fomento, junto a la de Javier Iglesias como presidente de la Institución, Carlos García ha insistido en que se desconocía este caso, que "no se apreciaba a priori ninguna ilegalidad" y que esos contratos se aprobaron "por unanimidad", con el voto a favor también del Grupo Socialista.