Un testigo de la patera arrollada por la Guardia Civil en 2012 en Lanzarote afronta la expulsión de España en un CIE

Este joven viajaba en aquella patera en diciembre de 2012 cuando a escasos metros de alcanzar la playa, una patrullera de la Guardia Civil colisionó contra ella. Estaban tan cerca de tierra, que se echó al agua para llegar a nado, pero al oir los gritos de sus compañeros y a sabiendas de que no todos sabían nadar, se dio media vuelta para ayudar en el rescate.

Al menos dos de los supervivientes, que fueron declarados testigos protegidos, señalaron a otros tres como patrones de la embarcación y consiguieron sendos permisos de residencia. Esos tres, que han negado siempre ser algo más que pasajeros del cayuco, siguen a día de hoy en la cárcel. Hicham siempre sostuvo que eran inocentes y que la Guardia Civil había provocado el naufragio, pero nadie le escuchó, conforme explican a Europa Press desde SOS Racismo. Fue devuelto a Marruecos.

Sin embargo, a primeros de junio recibió allí una citación de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Sigue la investigación sobre sus tres compañeros y se le reclama como testigo. A sabiendas de que no obtendría un visado, decidió coger de nuevo una patera para alcanzar, de nuevo, la isla de Lanzarote. Llegó la semana pasada, fue interceptado por otra patrullera de la Guardia Civil y trasladado al CIE de Barranco Seco para ser expulsado, otra vez, tal y como adelantaba el diario El Mundo.

Dice que quiere declarar, que no es justo que sus compañeros estén en la cárcel por un delito que no cometieron y que no se le deje dar su versión sobre lo que vió hacer a la patrullera de la Guardia Civil el día del suceso. SOS Racismo ha pedido a la Audiencia Provincial de Las Palmas que paralice la expulsión al menos hasta el 16 de julio y se ejecute después de que Hicham ofrezca su testimonio, están esperando respuesta.

Mientras, un juzgado de instrucción de Arrecife sigue adelante con la otra pieza del proceso, la que investiga versa no sobre la inmigración ilegal de los ocupantes del cayuco, sino sobre las circunstancias que llevaron a la muerte a siete de ellos. Sin embargo, dos años y medio después, el juzgado aún no ha recibido la información que solicitó a la Benemérita para saber a qué velocidad iba su embarcación. No se han producido imputaciones.