La Guardia Civil imputa a dos personas por ahorcar a un perro y envenenar con cebos raticidas a un segundo en Murcia

En San Javier y gracias a la colaboración ciudadana, guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron la investigación cuando fueron alertados del hallazgo de un perro fallecido con una cuerda en el cuello.

La inspección realizada sobre el cánido, así como la lectura del chip del animal, permitió identificar al titular del can, quién informó a los guardias civiles que lo había regalado, por lo que se orientó la investigación a identificar su propietario actual.

De la investigación se desprende que el perro fallecido se encontraba en un cercado de El Mirador-San Javier y que el propietario del inmueble, presuntamente, le había quitado la vida al can, por lo que tras obtener todos los indicios necesarios se le ha imputado un delito de maltrato animal.

En Ricote, el Seprona inició otra investigación, en este caso a raíz de la denuncia de un vecino que informaba sobre la posible actividad ilícita relacionada con el envenenamiento de perros en el que uno de estos animales había fallecido.

Durante la inspección realizada en el lugar donde había aparecido el can fallecido, los guardias civiles hallaron en las inmediaciones unos envases que contenían raticidas comerciales, que permitió determinar que el animal había fallecido tras ser envenenado.

Los indicios obtenidos durante la investigación han conducido a la Benemérita hasta un vecino del propietario del perro envenenado, con el que tiene ciertas desavenencias y que, presuntamente, había colocado cebos con veneno, por lo que ha sido imputado como presunto autor de delito relativo a la protección de los animales domésticos (maltrato animal).

El maltrato animal se encuentra recogido en el Código Penal, que lo define como el hecho de maltratar injustificadamente a los animales domésticos o amansados, mediante cualquier medio o procedimiento, causándoles la muerte o provocándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud, y es castigado con penas de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.