La Guardia Civil indaga sobre la financiación del 1-O en la operación en el Palau y Òmnium

Agentes de Policía Judicial de Barcelona han acudido a las 8 horas a la vivienda del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, y a la sede de Òmnium Cultural en Barcelona, en unas diligencias por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que instruye la organización del 1-O.

Sobre las 11 horas, Molons ha sido conducido a su despacho en el Palau de la Generalitat, donde ha permanecido mientras los agentes lo inspeccionaban, y una hora después, los investigadores trasladaban al alto cargo detenido a la comandancia de Travessera de Gràcia.

En las dependencias de la Guardia Civil se le ha comunicado que se le atribuyen los presuntos delitos de desobediencia y malversación en relación a las campañas institucionales sobre el referéndum --en una de ellas se aludía al derecho a decidir con la imagen de un cruce de vías de tren-- y se le ha dejado en libertad al negarse a declarar.

El secretario de Difusión, que ya fue interrogado por la Guardia Civil el pasado año, en aquella ocasión en calidad de testigo, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil a la espera de que le cite el juez; de su casa y despacho se han llevado un teléfono móvil y un ordenador, además de documentación, según fuentes jurídicas.

Molons (Barcelona, 1970), licenciado en Derecho y ha trabajado en la Dirección General de Medios Audiovisuales en el programa de desarrollo e implementación de la TDT local en Catalunya, fue nombrado para este cargo en enero del pasado año.

Trabajó también en el consorcio local Localret, periodo en el que asesoró a los municipios concesionarios de la TDT local y consorcios públicos.

ÒMNIUM CULTURAL

En paralelo, sobre las 8 horas la Guardia Civil ha registrado la sede de Òmnium Cultural y se han centrado en reclamarles información económica, revisando sus facturas, han indicado fuentes conocedoras.

Según han informado desde la entidad, los agentes del Instituto Armado han retenido a siete empleados y a miembros de la dirección mientras investigaban sus direcciones de correo electrónico.

INFORME POLICIAL

Estas diligencias se enmarcan en las pesquisas de la Guardia Civil para determinar cómo se financió el referéndum del 1-O y qué partidas destinó la Generalitat.

En su investigación, el Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero.

La Guardia Civil ya reclamó al juez que el Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado realizara una auditoría de las cuentas de la Generalitat de Catalunya ante la "opacidad" de la administración catalana.

En un informe entregado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, los instructores hacen "constar la dificultad que entraña conocer las cantidades verdaderas" que han sido empleadas para preparar y finalmente materializar esa consulta.

Los investigadores sospechan que los gastos que ocasionó el referéndum los sufragaran la ANC y Òmnium "gracias a las subvenciones" que reciben ambas entidades, la primera que fue presidida por el ahora diputado de JxCat Jordi Sànchez, y la otra presidida por Jordi Cuixart, ambos en prisión preventiva, según el citado informe.

MEDIO MILLÓN DE GASTO

En el documento, fechado el pasado 20 de noviembre, los agentes determinaron que el Govern gastó en campañas publicitarias para llevar a cabo el referéndum 502.639,61 euros, que autorizó el entonces conseller de Presidencia, Jordi Turull.

También determinaron que la partida total que había previsto la Generalitat para las campañas publicitarias del referéndum ascendía a 2,7 millones de euros mas IVA.

Aunque adjudicó contratos por valor de 2.299.200,20 euros más 47.000 euros de IVA, sin embargo las empresas adjudicatarias de esas campañas renunciaron a llevarlas a cabo.

Preguntado en su día por estas cifras, según dicho informe, Molons dijo que ese dinero debe seguir en las arcas de la Generalitat, algo que los investigadores ponen en duda.